Estudio revela una "deuda histórica" de Colombia con el campesinado

Bogotá, 30 ago.- Colombia tiene una "deuda histórica" con el campesinado por el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, la falta de representación política y la alta tasa de víctimas del campo en el conflicto armado, según un estudio divulgado hoy.

"Es claro que el Estado colombiano ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado y no ha logrado trascender el poder de influencia de agentes políticos que expresan resistencias a los cambios estructurales propios de las clases terratenientes regionales", señala el estudio elaborado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

La presentación del informe, titulado "Luchas sociales, derechos humanos y representación política del campesinado 1988-2012" coincide con el décimo segundo día de una huelga agropecuaria que reivindica un cambio estructural en el modelo de desarrollo rural y medidas de protección frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los altos precios de los insumos para el campo.

"Las demandas que están exponiendo los campesinos en el paro son demandas que ya se habían expuesto anteriormente y hacen parte de la protesta social que han protagonizado en los últimos 25 años", explicó Sergio Coronado, coordinador del equipo de tierras del CINEP, quien alertó que hasta que no exista un reconocimiento real del campesinado, las protestas seguirán en el país.

Según Coronado, "las políticas agrarias y de desarrollo rural no han tenido en cuenta al campesinado, no porque no tenga propuestas, sino porque el sistema político no ha permitido que estén representados adecuadamente".

El estudio muestra que la lucha campesina ha sido una constante en las últimas décadas en Colombia.

Un 15,5 % de todas las protestas registradas en Colombia desde 1988 a 2012 ha sido de campesinos, principalmente por la falta de tierras, las violaciones de los derechos humanos, los daños ocasionados por actores del conflicto armado, como el desplazamiento forzado, o para pedir acceso a infraestructura y servicios públicos, según el CINEP.

En este sentido, se recoge que el 72 % de los municipios del país ha sido escenario de luchas sociales, entre las que destacan las ocurridas en las regiones del Magdalena Medio (centro), Montes de María (norte), el Urabá (noroeste) o el Catatumbo (noreste), todas golpeadas por el conflicto armado.

El estudio apunta a paramilitares y fuerza pública como los responsables del 61,5 % de los actos de violencia cometidos contra el campesinado.

Entre esos crímenes destacan el asesinato (65 %) y las amenazas (12 %), seguidos por la tortura, lesiones personales, desapariciones y secuestro.

"Los años más álgidos en términos de víctimas se explican por la intensificación del conflicto armado en el período 1996-2005. Durante estos años el conflicto se expresó en disputas de los actores armados por el control de tierras y el poder local", agrega el informe.

La investigación del CINEP recoge que al menos 17.559 víctimas del conflicto armado y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia fueron campesinos.

"Es necesario superar la estigmatización de la protesta social y comprender las trayectorias de las luchas y demandas sociales que las motivan para poder atender y superar los elementos estructurales que las generan", concluye el informe.