Expropiación de YPF reabre debate sobre la dependencia de la soja argentina

  • La anunciada nacionalización de YPF en Argentina ha abierto una crisis que puede tener efectos considerados positivos por el campo español, como la paralización del nuevo acuerdo agrícola de la Unión Europea (UE) con Mercosur, y negativos, ya que la alimentación de la ganadería depende de su soja.

Madrid, 18 abr.- La anunciada nacionalización de YPF en Argentina ha abierto una crisis que puede tener efectos considerados positivos por el campo español, como la paralización del nuevo acuerdo agrícola de la Unión Europea (UE) con Mercosur, y negativos, ya que la alimentación de la ganadería depende de su soja.

Así lo han indicado a Efe fuentes del sector agrario, que advierten que cualquier medida de castigo a Argentina puede provocar un efecto "boomerang" y afectar al abastecimiento español de soja o lastrar a otros sectores económicos que operan en el cono sur.

El director de Relaciones Internacionales de Cooperativas Agro-alimentarias, Gabriel Trenzado, ha reconocido en declaraciones a Efe que España "tiene mucho más que perder que ganar" en un enfrentamiento con Argentina y que si Europa decide elevar los aranceles a la soja argentina podría verse comprometido el abastecimiento de este alimento para la ganadería española.

Existen pocas alternativas para comprar soja y se corre el riesgo de un alza de precios por la menor oferta, ha explicado Trenzado.

Ha apuntado que sí cree posible que esta crisis ralentice el proceso de debates previos al acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Argentina-), aunque no es España quien debe gestionar la negociación, sino la UE.

Ha criticado la "falta de coherencia" de Argentina, que "quiere ser muy liberalizadora" en el exterior para favorecer sus exportaciones, pero "extremadamente protectora" frente a las importaciones.

El responsable de relaciones internacionales de la organización agraria Asaja, Ignacio López, ha coincidido en asegurar que la nacionalización puede provocar un retraso en las negociaciones de Mercosur, aunque según ha recordado existen ya grandes diferencias dentro de la región.

"La inseguridad jurídica" no ayudará a este proceso, ha remarcado López, quien ha pedido una respuesta política "dura", pero calibrando las repercusiones en otros intereses económicos.

Ha admitido que existe poco margen para que un Estado de Derecho como España penalice a Argentina más allá de iniciativas diplomáticas o de una revisión de las ayudas de cooperación.

Otras medidas -como reducir las importaciones de soja argentina- pueden tener "un efecto rebote" y perjudicar a otros sectores españoles -agrarios o de otra índole-, ha subrayado.

El secretario general de COAG, Miguel Blanco, ha pedido que no se impulsen relaciones "desequilibradas" con "gobiernos populistas" como el argentino y se impida el proceso liberalizador con Mercosur, que afectaría gravemente a la producción de vacuno, hortofrutícolas, cereales, vino o azúcar en España, entre otras.

"No podemos aumentar nuestra debilidad frente a los caprichos e intereses" de Argentina, ha argumentado Blanco, quien ha apuntado que la UE no trabaja por la soberanía alimentaria y la autosuficiencia de materias primas como oleaginosas y proteaginosas.

Desde el sector aseguran que España tiene una dependencia casi absoluta de la soja importada; el 43 % procede de Argentina -en su mayoría transgénica- y el 92 % de ella va a alimentación animal.

A su juicio, es "un suicidio" continuar con esta dependencia de la que no se benefician los agricultores argentinos, sino grandes multinacionales agroexpotadoras y operadores financieros.

Desde UPA, David Erice ha indicado que "hay que tener cuidado" con quién se firman acuerdos -como Mercosur-, porque estos países pueden "cambiar las reglas" y "pillarnos con el pie cambiado".

Erice ha mostrado su preocupación por la "dependencia brutal" de la soja del exterior para alimentar el ganado, lo que obliga a una importación "masiva" de habas y harina de soja -unos 6 u 8 millones de toneladas cada año- y especialmente de esta última materia prima, que en un 80-90 % procede de Argentina.

Si se toman represalias contra este comercio, al final "lo pagarán los ganaderos", en un momento en el que la soja alcanza los 376 euros por tonelada, muy cerca de los picos históricos de 2007-2008, en plena crisis de las materias primas, ha añadido.

"No hay muchos sitios donde comprar harina de soja", ha comentado Erice, quien ha avisado de que eliminar estas importaciones sería "la puntilla definitiva" para la ganadería.

El sector agroalimentario español tiene intereses en Argentina -como Borges, el Grupo Cooperativo InterCoop o algunas empresas de viveros y oleícolas-, menos visibles que las firmas financieras, de telecomunicaciones, servicios o infraestructuras del IBEX-35, aunque es Argentina quien lidera los flujos comerciales.

Según datos oficiales analizados por COAG, España importó una gran variedad de productos agroalimentarios en 2011 como carnes y despojos (15,40 millones de euros), pescados (347,46 millones), otros productos de origen animal (6 millones), legumbres y hortalizas (45,23 millones), frutas (63,70 millones), cereales (43,39 millones) y semillas oleaginosas (21,81 millones).

También adquiere aceites animales o vegetales (61,45 millones), bebidas (1,84 millones), residuos de industria alimentaria (518,65 millones) y tabaco (1,87 millones).

Mostrar comentarios