Facua denuncia que el recorte en renovables fue un “montaje” que beneficia a las energéticas

Facua-Consumidores en Acción denunció este viernes que el “hachazo” de 3.000 millones de euros del Ministerio de Industria a las renovables en 2014 fue un “montaje del Gobierno que benefició a las grandes energéticas”.
La asociación consideró en una nota “alarmante” que el Ejecutivo muestre que su prioridad cuando legisla “no son los intereses de los ciudadanos sino los de las principales empresas energéticas, casualmente las mismas en las que los miembros del Ejecutivo trabajan cuando dejan sus cargos por el mecanismo de puertas giratorias”.
En este sentido, indicó que “con la excusa de que la electricidad fuese más barata para los usuarios, algo que no ha ocurrido pese al recorte, Industria inició en 2013 una reforma eléctrica para cambiar el sistema de primas a las energías renovables”. Para justificar un posible recorte en dicho sistema, el Gobierno encargó dos informes a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting, con la idea de que estableciesen los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías del régimen especial.
Asimismo, la organización de consumidores consideró “insultante” que el propio ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, anunciase “sin ningún pudor”, cuando se presentó la reforma energética, que para la toma de la decisión se habían tenido en cuenta los informes de las consultoras que ahora ante el Supremo “el Ministerio ha tenido que desmentir”.
INFORMES DE CONSULTORAS
La documentación que Industria ha presentado en el Tribunal Supremo, añade Facua, demuestran que sólo se llevó a cabo un informe y que éste tiene una fecha tres meses posterior a que se publicase en el BOE el decreto que contenía el recorte. Así, Facua ve un “despropósito” que además los cálculos del informe indicaban un recorte menor en los ingresos de las instalaciones.
A su vez, Industria ha remitido al Alto Tribunal, como parte de la tramitación de las denuncias presentadas por cientos de productores de energías renovables en contra del decreto, el informe realizado por Roland Berger. Mientras, el segundo estudio, encargado a Boston Consulting Group, “ni siquiera se ha utilizado, y lo único que el Gobierno indica al Supremo es que el contrato con dicha empresa se ha rescindido por numerosos incumplimientos.
“Se vuelve a demostrar que el interés de este Gobierno es proteger a determinadas empresas por encima de los intereses de los ciudadanos”, ya que “los usuarios vuelven a verse perjudicados ante una situación que repercutirá tanto en el precio como en la calidad de un servicio básico como es el suministro eléctrico”, concluyó.