Fiscalía mantiene petición de cárcel por la protesta ecologista de Cofrentes

Valencia, 11 dic.- La Fiscalía mantiene su petición de dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista detenidos tras una protesta en la central nuclear de Cofrentes en 2011, mientras que la defensa espera una sentencia "justa" y la libre absolución.

La fiscal y las partes han expuesto hoy sus conclusiones en la quinta y última sesión del juicio, celebrado en el juzgado de lo Penal número 11 de Valencia, por delitos de desórdenes públicos, lesiones y daños tras pintar "Peligro nuclear" en la torre de refrigeración de la central nuclear.

La acusación, que ejerce el Ministerio Fiscal, la compañía Iberdrola, propietaria de la central, y varios de los vigilantes jurados del recinto que denuncian que sufrieron lesiones durante la protesta, reclama además a Greenpeace cerca de 360.000 euros como responsable civil subsidiario de la acción.

La Fiscalía ha mantenido que la protesta fue una acción "organizada", contra los argumentos de los acusados, que han sostenido en sus declaraciones que actuaron de forma individual y que fue un acto de "intrusión" y no solo "propagandístico".

Para la fiscal, una posible sentencia absolutoria significaría además abrir un "margen" a otras personas para cometer hechos similares.

Por su parte, el abogado de Iberdrola, ha mantenido también su acusación contra los activistas y el fotoperiodista por "intrusión y asalto" a la central, una acción, sostiene, constitutiva de varios delitos por desórdenes públicos, lesiones y daños.

Ha argumentado además que la "intrusión" en las instalaciones causó "importantes daños materiales" así como la declaración de la "alerta de emergencia", un hecho excepcional, y reclama por ello a Greenpeace 220.000 euros como responsable civil subsidiario.

La defensa, por su parte, ha señalado que en el juicio no ha podido acreditarse que los 16 activistas y el fotoperiodista fueran los autores materiales tanto de los desperfectos en la central que denuncia la acusación, como de las agresiones físicas a los vigilantes jurados.

Tampoco ha quedado demostrado, ha añadido, que los acusados actuaran de forma organizada y como miembros de Greenpeace.

Ha cuestionado asimismo el informe de daños aportado por Iberdrola, confeccionado, ha señalado, por el director de la central y no por una auditoría externa, y considera "desmedida" la cantidad que reclama la compañía eléctrica.

El abogado de Greenpeace España, José Manuel Marracó, que ha defendido a once de los acusados y a la organización ecologista, ha manifestado tras el juicio en declaraciones a la prensa que espera una sentencia "justa, ya que sigo creyendo en los derechos fundamentales y en la libertad de expresión".

Por su parte, el director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, ha señalado que a su organización "no van a pararla con multas millonarias ni con amenazas de cárcel", y ha defendido su "deber cívico de denunciar los problemas medioambientales y a quienes lo toleran".

"Salimos del juicio muy tranquilos, totalmente confiados en que se va a hacer justicia", ha añadido.

El barco de Greenpeace Arctic Sunrise, símbolo del activismo pacífico, ha permanecido amarrado en el puerto de Valencia durante los días del juicio para apoyar a los activistas acusados, y según fuentes de esta organización ha sido visitado por más de 4.200 personas.