Colau se abre otro frente fiscal tras tratar de exprimir el IBI del Puerto de Barcelona

  • La entidad portuaria rechaza la decisión municipal de hacerle pagar por viales, raíles, zonas verdes, espacios públicos e incluso escolleras.
Foto del Puerto de Barcelona
Foto del Puerto de Barcelona

Los viales, los raíles, las zonas verdes, las escolleras... el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido aplicar el IBI al Puerto de Barcelona por la práctica totalidad de su superficie, elevando de este modo la factura fiscal a la que debe hacer frente por este impuesto. La práctica se inició en 2016 y ha obligado al Puerto de Barcelona a acudir a las instancias correspondientes para defender sus derechos mediante la presentación de recursos de alzada contra todas las liquidaciones presentadas tanto por el Ayuntamiento de Barcelona como por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat, bajo el argumento de que se trata de zonas exentas o como mínimo no sujetas.

Según la información proporcionada por la Autoridad Portuaria de Barcelona, el litigio se encuentra pendiente de resolución, pero en el entretanto el Puerto de Barcelona ya ha tenido que abonar una factura de 5,5 millones de euros al Ayuntamiento de Barcelona bajo los parámetros establecidos en la liquidación presentada por éste, y una cantidad superior al millón de euros (1,077 millones de euros) al de El Prat de Llobregat por el mismo concepto.

"Desde un punto de vista técnico no se puede impugnar parcialmente una liquidación, sino que cuando ésta no se considera correcta se recurre en su integridad, de manera que si se estima el recurso dicha liquidación se anula en su totalidad, teniendo potestad el Ayuntamiento de emitir una nueva liquidación que recoja el importe correcto", explican desde Port de Barcelona. Hasta el momento, la ausencia de una resolución clara sobre el asunto ya le ha costado al Puerto de Barcelona más de cinco millones de euros a cuenta de las liquidaciones de IBI de Barcelona y El Prat, y que fueron impugnadas en su día por el organismo. Y el contador se ha vuelto a activar con las liquidaciones practicas en 2018.

El asunto es controvertido y la prueba es que la Subdirección General de Tributos Locales ha tenido que pronunciarse recientemente sobre el mismo. El criterio marcado por este organismo es que los terrenos destinados a espacios verdes o viarios no suponen ningún supuesto de no sujeción o exención...salvo en el caso de que fueran "de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios". En el caso del Puerto de Barcelona hay zonas que son de libre acceso y otras que están reservadas a las actividades económicas que allí se realizan, pero cuya declaración como privadas tampoco es tan clara.

A vueltas con el IBI en Barcelona

El conflicto con el Puerto de Barcelona es el enésimo problema que se le presenta a Colau a cuenta de este impuesto. Nada más llegar a la Alcaldía prometió revocar la subida del 10% que preveía aplicar su predecesor Xavier Trías y congelar el impuesto. Finalmente, su equipo de gobierno decidió subir un 6% el IBI a las viviendas con valor catastral superior a 300.000 euros y un 4% a las situadas entre el rango de 100.000 y 300.000 euros, que suponen algo así como el 22% de la planta inmobiliaria de la capital condal. La medida, dijo el ejecutivo municipal, aportaría más de 600 millones de euros extra a las arcas municipales.

La realidad ha sido bien diferente. La recaudación por IBI del Ayuntamiento no ha respondido como se esperaba e incluso durante el año 2018 hubo un intenso debate político sobre este particular después de publicarse una caída de 100 millones de euros en la recaudación de este impuesto, que el equipo de Colau atribuyó a cuestiones coyunturales. La foto final mostró un desplome de los ingresos del 5,3% en ese ejercicio, que se unió a la caída también experimentada en el año 2017, en un marco general de dificultades para cumplir sus objetivos presupuestarios pese al superávit que han presentado sus cuentas durante todo su mandato.

Las apreturas financieras del Ayuntamiento de Barcelona han llevado al equipo de Ada Colau a explorar nuevas posibilidades de generación de ingresos y en 2018 volvió a abrir el debate sobre la posibilidad de cobrar el IBI a la Iglesia, e incluso encargó un estudio 'ad hoc' a los servicios jurídicos municipales sobre cuyos resultados no hay noticia a día de hoy.

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