Francia limitará los precios de alquiler en zonas con problemas de vivienda

París, 20 feb.- El Parlamento francés aprobó hoy, con el apoyo de los partidos de izquierdas en el Senado, una nueva ley de vivienda que limitará los precios del alquiler en las áreas de las poblaciones de más de 50.000 habitantes donde haya un desequilibrio entre la oferta y la demanda de alojamiento.

En estas zonas, que se concretarán mediante un decreto, el coste del arrendamiento no podrá superar en más de un 20 por ciento a la media del precio de alquiler por metro cuadrado de las viviendas con características y ubicación parecidas, según los cálculos que realizarán observatorios locales.

La norma, que admite excepciones en los casos de los pisos "con características excepcionales", no se aplicará a las plazas de aparcamiento, las segundas residencias y los apartamentos alquilados por temporadas.

Según el Ministerio de Vivienda, la medida pretende "mantener el poder adquisitivo de los franceses y facilitar su acceso a un alojamiento" y podría ser efectiva a partir de otoño de 2014.

El Gobierno francés calcula que una cuarta parte de los alquileres de viviendas de la región parisiense disminuirán con la aplicación de la nueva ley.

Esta medida se suma a las limitaciones para subir el precio del alquiler en unas cuarenta áreas urbanas, entre ellas las de las grandes ciudades como París, Lyon y Burdeos, que entraron en vigor en agosto de 2012 .

Con el decreto que se aprobó entonces, el propietario no puede incrementar tanto como quiera el alquiler al cambiar de inquilino o al renovar un contrato con uno ya existente, sino que se tiene que ajustar al llamado índice de referencia de los alquileres.

La nueva ley de vivienda adoptada hoy, a falta de un mes para que se celebren en Francia elecciones municipales, también incluye otras novedades como una "garantía universal de los alquileres" que entrará en vigor el 1 de enero de 2016 "con la vocación de sustituir a la fianza" en las primeras residencias.

Los propietarios podrán acogerse voluntariamente a este sistema de garantía público y gratuito, incompatible con las fianzas, que les asegurará el cobro del precio de alquiler de referencia de su zona en caso de impago de su arrendatario durante un máximo de 18 meses.

Este servicio de garantía costará a las arcas del Estado 400 millones de euros cuando esté en pleno funcionamiento, según los cálculos del ministerio de Vivienda.