Barcelona, 28 feb.- El gobierno catalán ha aprobado hoy una propuesta de contrato-programa para el servicio ferroviario de Cercanías y Regionales durante el período 2011-2015, que seguiría asumiendo Renfe con un coste de 143 millones de euros, pero ha dicho que no lo firmará si no se modifica la ley ferroviaria estatal.
Según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, la propuesta de contrato-programa contempla nuevos instrumentos de control sobre la compañía operadora, que incluyen penalizaciones, sanciones y la posibilidad de rescindir total o parcialmente el servicio en las diversas líneas, si hay un incumplimiento de obligaciones.
Renfe, sin embargo, seguirá siendo la compañía operadora, una vez el gobierno español haya modificado la ley ferroviaria y traspasado los recursos correspondientes a la Generalitat, porque se trata de la única compañía que dispone ahora mismo de los 256 trenes necesarios para cubrir los servicios de Cercanías y Regionales.
La Generalitat, sin embargo, "desconfía" del gobierno español y antes que nada quiere que cumpla el acuerdo de traspaso, en el que se prevé una modificación de la ley ferroviaria estatal que permita la posibilidad de conceder el servicio ferroviario a compañías distintas de Renfe.
El conseller Lluís Recoder ha asegurado que el acuerdo de traspaso de Cercanías, que en su momento ya fue criticado por CiU, "no daba instrumentos suficientes a la Generalitat", por lo que "es preciso que se produzca un cambio de modelo".
Este cambio, ha explicado, pasa por la aprobación del nuevo contrato-programa por parte del gobierno catalán pero también por el cumplimiento de "compromisos pendientes" de la Administración central, entre ellos el de reforma de la ley ferroviaria, y también el de aportar los recursos del Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de Barcelona 2008-2015, por un importe total de 4.000 millones de euros.
Según Recoder, de estos 4.000 millones sólo hay "un 6 por ciento de obra ejecutada y otro 6 por ciento de obra adjudicada pero no ejecutada" y el resto sigue pendiente de concreción.
"Estos incumplimientos son precisamente los que provocan incidentes en la circulación ferroviaria -ha señalado el conseller-, puesto que disponemos de material móvil muy antiguo, la puntualidad es insuficiente, y sin la modificación de la ley ferroviaria la Generalitat no puede elegir operador y se ve obligada a que sea Renfe".
El conseller de Territorio y Sostenibilidad ha apuntado que para modificar esta ley solo se requiere "voluntad política" porque "en este caso no valen las excusas de las restricciones presupuestarias, puesto que no implica incremento del gasto".
Sobre el contenido concreto de la propuesta de contrato-programa que ha aprobado el Govern, su aplicación significa otorgar 143 millones de euros en el 2012 -127 para Cercanías y 16 para Regionales-, pero Recoder ha insistido en que "si no hay una modificación de la ley y la Generalitat no recibe por anticipado esta cantidad, no la abonará a Renfe".
El "plan b", ha afirmado, consiste en que "las cosas seguirán como hasta ahora" porque el contrato-programa vigente queda prorrogado, "pero esto no puede seguir eternamente, puesto que los perjudicados serían los usuarios".
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