Dublín, 12 sep.- El Gobierno irlandés se declaró hoy "molesto" por unas declaraciones efectuadas por el execonomista jefe del Banco Central Europeo (UE) Jürgen Stark, quien pedía a este país más medidas de ajuste, como bajar los sueldos de los funcionarios.
El viceprimer ministro irlandés y titular de Asuntos Exteriores, Eamon Gilmore, calificó las declaraciones de Stark de "inútiles", al tiempo que aseguró que el BCE, la Unión Europea (UE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), la "troika" que supervisa el rescate a este país, no han demandado recortes en el sector público.
"Inventarse nuevas políticas no ayuda", afirmó Gilmore a la Radiotelevisión irlandesa (RTE) desde Bruselas, donde asiste a una reunión de los ministros europeos de Exteriores.
Las declaraciones efectuadas por Stark al rotativo "The Irish Times", publicadas hoy pero que hechas días antes de presentar su dimisión como economista jefe del BCE, han provocado una respuesta concertada del Gobierno irlandés.
El ministro de Gasto Público y Reforma, Brendan Howlin, desestimó las palabras del economista alemán al recordar que existe "acuerdo total" entre Dublín y la "troika", que, hasta la fecha, ha certificado el cumplimiento de Irlanda con las condiciones de su rescate, cuantificado en 85.000 millones de euros.
El ministro de Comunicaciones, Energía y Recursos Naturales, Pat Rabbitte, también salió hoy a la palestra para advertir sobre los riesgos de aplicar "demasiadas medidas de austeridad".
"Se puede llegar a una situación en la que puede haber demasiada austeridad. Debemos ser capaces de permitir que la economía irlandesa resucite por sí misma y de volver a los mercados para buscar financiación", dijo Rabbitte
En la citada entrevista con "The Irish Times", Stark indicó que el Gobierno irlandés "tiene la oportunidad de sorprender al mercado de manera positiva", al tiempo que abogó por más recortes en los subsidios sociales.
En su opinión, los salarios del funcionariado irlandés se sitúan entre los más altos de la zona euro y deben rebajarse para poner orden en las finanzas públicas.
Esta cuestión choca con el llamado Acuerdo de Croke Park, firmado entre el anterior Gobierno y los sindicatos para permitir acometer reformas en el sector público a cambio de que no se modifique la escala salarial.
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