Gobierno: Las fuerzas de seguridad actuaron con mesura en el conflicto minero

  • El Gobierno considera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en todo momento "con prudencia y mesura" durante los disturbios ocurridos en las movilizaciones en defensa del sector industrial del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras.

Madrid, 7 oct.- El Gobierno considera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron en todo momento "con prudencia y mesura" durante los disturbios ocurridos en las movilizaciones en defensa del sector industrial del carbón y el desarrollo de las comarcas mineras.

De esta forma el Ejecutivo responde a una pregunta escrita formulada por el diputado de IU Gaspar Llamazares en relación con las orientaciones impartidas por el Ministerio del Interior ante las movilizaciones de los mineros.

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han actuado en todo momento con la necesaria prudencia y mesura", a pesar de "los desproporcionados medios de expresión" utilizados por los mineros, el lanzamiento de objetos contundentes y de cohetes de feria de gran potencia contra los guardias civiles y contra los helicópteros del cuerpo que sobrevolaban las zonas de disturbios, señala el Gobierno.

Según el Ejecutivo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se limitaron a adoptar las medidas necesarias para desalojar a los manifestantes violentos de los lugares en los que provocaban cortes de circulación, a mantener la seguridad y a evitar ser agredidos por el lanzamiento de piedras, bolas de acero y artificios pirotécnicos.

El dispositivo desplegado para el mantenimiento de la seguridad pública en relación con el conflicto minero se adecuó al principio de "proporcionalidad" en el empleo de efectivos y medios, asegura el Gobierno.

Subraya que las orientaciones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se dirigen a "proteger el libre ejercicio de los derechos, mantener la seguridad ciudadana y evitar la comisión de delitos", además de detener a los autores de delitos y ponerlos a disposición judicial.

Sostiene que la Guardia Civil se ha limitado a garantizar el libre ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y el mantenimiento de la seguridad ciudadana, ante unas manifestaciones y acciones violentas no amparadas en el derecho de manifestación y reunión reconocido en la Constitución.

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