Gobierno quiere evitar sanciones de la UE a Andalucía y Cataluña en comercio

Madrid, 17 feb.- El Gobierno negocia con Cataluña y Andalucía las nuevas normativas sobre la concesión de segundas licencias a grandes superficies comerciales con el fin de evitar las sanciones que la Unión Europea (UE) podría imponer a dichas comunidades por "restricción a la libertad de establecimiento".

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha explicado hoy en un encuentro informativo que la UE ya tiene abierto un procedimiento administrativo contra la nueva ley de comercio andaluza y que está a punto de ser sancionada por incumplir la directiva europea de liberalización de servicios (Bolkesteen).

También ha advertido de que la regulación catalana tiene visos de vulnerar dicha directiva de la UE.

García-Legaz ha advertido de que "violar" el Derecho comunitario supone un empeoramiento de la imagen de España en el exterior, "que no conviene" ante la actual situación de crisis, y que además puede frenar la llegada de inversiones extranjeras.

Ha asegurado que el Gobierno no tiene intención de suprimir la normativa referida a la concesión de la segunda licencia por parte de las comunidades autónomas para grandes superficies, pero que ésta debe cumplir con los requisitos que exige la UE.

Así, la directiva europea permite el sistema de segunda licencia para los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, pero únicamente vinculado a temas exclusivamente medioambientales, patrimoniales o urbanísticos.

Según el secretario de Economía, la legislación comercial de Cataluña y Andalucía utilizan estos criterios para en realidad aplicar criterios proteccionistas y económicos, prohibidos por Europa.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo está evaluando los informes jurídicos remitidos por estas comunidades autónomas con el fin de poner en marcha una mesa de trabajo para rectificar las normativas y evitar las sanciones que podría imponer la UE.

No obstante, ha recordado que las multas europeas serían responsabilidad de los correspondientes gobiernos regionales, ya que se trataría de un incumplimiento de normas autonómicas y no estatales.

La secretaría de Estado de Comercio tiene previsto reunirse con todos los gobiernos autonómicos durante la primera semana de marzo para abordar las nuevas leyes relativas al comercio minorista y también a la gran distribución.