Madrid, 3 jun.- La negativa del Supremo a investigar los posibles delitos de las agencias de rating ha supuesto un golpe para los colectivos contrarios a estas firmas, que no cejan en su batalla para demostrar que usan información privilegiada para manipular los precios.
Hace unos días, el Tribunal Supremo ponía fin al procedimiento iniciado el pasado año por el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación ATTAC e Izquierda Unida (IU) con el objetivo de juzgar, por la vía penal, a Moody's, Fitch y Standard & Poor's.
Estos colectivos acusan a las agencias de manipular el mercado con sus informes para beneficiar económicamente a sus clientes, en perjuicio del resto de inversores e incluso de las arcas públicas cuando sus calificaciones afectan a la deuda soberana.
El objetivo de todo este proceso era que el Estado investigara a las agencias, y aunque se hayan agotado todos los posibles recursos de la vía judicial, de momento no se rinden.
El secretario federal de Relaciones Políticas y Sociales de Izquierda Unida, Enrique Santiago, que se encargó personalmente del caso, asegura en declaraciones a EFE que lo único que quiere saber es "quién ha ganado dinero con esas operaciones" y lamenta que "la Fiscalía no quiere hacer nada".
En ese sentido, uno de los abogados impulsores de la querella, Gonzalo Boyé, apunta que "sucede una cosa muy extraña, todo el mundo las protege (a las agencias)".
Por este motivo, IU señala que va a recurrir a la política y apuesta por crear una "comisión de la verdad" en el Parlamento que, entre otras cuestiones, aclare "qué papel han jugado las agencias de calificación de riesgo en la crisis de la deuda y del sistema financiero".
El Observatorio de los Derechos Humanos, por su parte, estudia "como replantear" el asunto tras el portazo del Supremo.
Para defender sus tesis, las asociaciones retoman argumentos expresados por el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) en informes.
Ya en 2010, el FMI apuntaba que "estas agencias usan y abusan del poder que tienen", y un año después advertía del "efecto de contagio" que pueden llegar a tener las rebajas crediticias de los países, que incluso tenderían a "extender la inestabilidad financiera" a otros Estados.
A esto hay que añadir, según los demandantes, que las agencias emiten "una opinión altamente subjetiva y de escaso rigor técnico", como demuestra el hecho de que tanto Lehman Brothers como Bernard Madoff contaban con la máxima calificación en el momento de su colapso, en 2008.
Pero sobre todo, sus críticas se centran en la "opacidad" del sistema de calificación y en el hecho de que sean sus clientes los que pagan por ser evaluados, lo que podría llevar a un conflicto de intereses.
Santiago apunta que las agencias "pueden utilizar una información confidencial que han conocido para calificar" a una empresa u organismo "con otra finalidad", por ejemplo, para venderla a inversores que podrían aprovecharse de ella.
En su querella, utilizan varios ejemplos prácticos que sostienen sus argumentos -tachados por la Audiencia Nacional de "simples sospechas"-, entre los que destaca uno.
El 28 de abril de 2010, Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia de España a AA, desde AA+, y lo hizo a las 17.27 horas, es decir, "tres minutos antes del cierre de la jornada en el Ibex, y diez antes del fin de la subasta".
En ese tiempo, el principal indicador español triplicó sus pérdidas.
Las asociaciones defienden que en trece minutos no se puede examinar un informe y tomar decisiones al respecto, aunque es "tiempo más que suficiente para que aquellos que contaran con la información pudiesen beneficiarse de la modificación calificatoria".
Este dato, concluye la querella, "refleja el perjuicio causado en el mercado, en detrimento de muchos y en beneficio de aquellos pocos que contaran con la información adecuada".
Por supuesto, a esto hay que añadir el progresivo encarecimiento de la deuda española después de cada rebaja de la nota de España, lo que confirmaría "el daño causado a las arcas públicas españolas, a los contribuyentes y a los ahorrados españoles" aunque, como plantea la querella, "queda por preguntarse quiénes son los compradores de esta deuda pública". EFECOM
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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 5190747 y otros)
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