La decisión de la Comisión Europea sobre si reactiva o mantiene suspendidas las reglas fiscales se aplaza de nuevo. La incertidumbre económica que ha provocado la invasión de Ucrania y la situación inflacionista en toda la Unión Europea, junto con la inminente subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) obligan a la Comisión a alargar el debate más de lo que estaba previsto. Así lo confirman a La Información fuentes conocedoras de las deliberaciones sobre esta cuestión en Bruselas, que descartan que con la presentación de las previsiones macroeconómicas de primavera, el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni, establezca nuevos límites a la deuda y déficit de los estados miembros.
La previsión de la Comisión Europea era que la activación cláusula de escape, que ha permitido que los estados gasten lo que fuese necesario para hacer frente a la crisis del coronavirus, terminase en 2023. No obstante, el nuevo escenario geopolítico obligó a Bruselas a meditar esta decisión. En marzo de este año, Gentiloni aseguró que la Comisión tendría que "reevaluar la desactivación prevista de la cláusula general de escape en 2023 sobre la base de nuestro pronóstico de primavera". Este pronóstico llegará el próximo lunes, sin embargo, según las fuentes consultadas, la decisión sobre las reglas fiscales se hará esperar.
Las mismas fuentes señalan que será en julio cuando la Comisión Europea publique un documento en el que se recopilen todas las ideas y debates acerca de la recuperación de las reglas fiscales. Quizá entonces, apuntan, Bruselas podría dar más pistas sobre sus intenciones, pero las sombras de la guerra y la inflación sobrevuelan esta hoja de ruta. El impacto económico que la invasión rusa y las sanciones impuestas por la Unión Europea tengan sobre la economía comunitaria serán claves para que el equipo de Gentiloni tome una decisión u otra. En la misma línea, la política monetaria y su efecto sobre la deuda de los países también influirá en las decisiones de la Comisión.
El debate sobre el marco fiscal que deben adoptar los estados miembros de la Unión Europea tras la crisis del Covid no es sencillo. Todos los implicados parecen estar de acuerdo en que volver a los límites que fija el Pacto Estabilidad, del 60% del PIB para la deuda y del 3% para el déficit no es una opción. Sobre todo, partiendo de la situación macroeconómica en la que se encuentran prácticamente todos los países, que han salido de la pandemia mucho más endeudados y, en un momento de crisis energética en el que los gobiernos siguen aprobando medidas que comprometen sus sendas fiscales. Bajo esta idea, España y Países Bajos presentaron una propuesta conjunta a la Comisión Europea en la que proponían que los objetivos de deuda y déficit se establecieran en función del punto de partida de cada país. Además, ambos abogaban por mantener activa la cláusula de escape un año más, incluyendo 2023.
La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, ha insistido en que el marco fiscal que fije Bruselas debe permitir las inversiones públicas que faciliten la transición energética y digital. España tiene que conjugar la transformación económica que diseña el Plan de Recuperación con la reducción de la deuda y el déficit. Según las previsiones del Ejecutivo, España no saldrá del déficit excesivo -por encima del 3%- hasta 2025. En los cálculos del Programa de Estabilidad, recientemente remitido a Bruselas, Moncloa prevé un déficit del 5% para este año, del 3,9% en 2023, del 3,3%, en 2024 y, por último, del 2,9% en el último año del escenario. En cuanto a la deuda, el Ejecutivo estima que la deuda representará el 115,2% del PIB este año, el 112,4%, en 2023; será del 110,9% en 2024 y se reducirá hasta el 109,7% en 2025.
Además, las reglas fiscales cuentan con otras propuestas, como la liderada por el recién reelegido presidente de Francia, Emmanuel Macron, que pasa por una reforma profunda del Pacto de Estabilidad. Esta opción, apuntan las fuentes consultadas, alargaría todavía más la decisión de la Comisión Europea y podría prolongarse hasta el próximo año. Macron cuenta con el apoyo del primer ministro italiano, Mario Draghi, y según la carta que ambos firmaron en Financial Times, su reforma iría en la línea de establecer objetivos por países y facilitar las inversiones verdes, como exige España. En el otro lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha reiterado la necesidad de volver a la disciplina presupuestaria.
En cualquier caso, afrontar la recuperación de unos límites para la deuda y el déficit es un debate en el seno de la Comisión Europea que todavía no ha terminado. Las previsiones macroeconómicas que se publiquen el próximo lunes darán una idea del escenario que estima Bruselas para los estados miembros en los próximos años y que tendrá en cuenta a la hora de definir unos nuevos objetivos para la deuda y el déficit que garanticen la sostenibilidad de las finanzas europeas.
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