La deuda pública de este año superará el producto interior bruto (PIB) por segundo año consecutivo y será mayor que la del anterior ejercicio, cuando comenzó la crisis del coronavirus. La previsión es que se sitúe en el 121% del PIB, dos puntos por encima de lo previsto por el Gobierno. Para 2022, tanto el Ejecutivo como otros organismos esperan que España empiece a rebajar su endeudamiento, sin embargo, la reducción no será suficiente para alcanzar un nivel de déficit sostenible o cercano a las reglas fiscales que la Comisión Europea suspendió por la pandemia.
El cuadro macroeconómico del Gobierno fija en el 115,1% el nivel de deuda para el próximo año. El Banco de España, por su parte, estima que se situará en el 115,7% del PIB y ni siquiera en el último año para el que el supervisor bancario hace estimaciones, 2024, el endeudamiento público volvería a niveles de 2019, cuando se situó en el 95,5% del PIB. Estos niveles son un riesgo para la economía española y así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones que instan al Ejecutivo a trazar un plan a medio plazo para recuperar la senda del déficit.
Moncloa confía en que su previsión de gastos e ingresos, derivados de la recuperación económica y del incremento de la recaudación, permitan equilibrar la balanza. No obstante, las previsiones para 2024, el último año disponible, cuando se espera que la economía se haya recuperado con creces, impulsada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, apuntan a que el déficit será del 3,2%, todavía ligeramente por encima del 3% que fijaba la Comisión Europea como objetivo. De hecho, los cálculos de la institución europea arrojan un déficit para España del 4,2% en 2023.
Las previsiones muestran que cuatro años después del inicio de la crisis del coronavirus, la economía española no habrá recuperado los índices de deuda y déficit públicos que tenía en 2019, por lo que las cifras alcanzadas este 2021, hipotecan al país para cumplir con las reglas fiscales marcadas por Europa: 3% de déficit y 60% de deuda. El último año antes de la pandemia, España registró un déficit del 2,8% del PIB.
Planes fiables
Ante esta perspectiva, varios organismos han instado al Ejecutivo a diseñar un plan fiable de consolidación fiscal. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó recientemente el caso omiso que los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda hacen a sus recomendaciones. La institución insistió en que "considera necesario que el Gobierno realice el diseño de una estrategia fiscal completa que supone establecer unos objetivos y metas a medio plazo y, al mismo tiempo, prever actuaciones y márgenes fiscales para alcanzarlos. Esta planificación no tiene por qué significar la adopción de recortes en el momento actual, sino prever los medios para una consolidación gradual a medida que se asiente la recuperación económica".
En la misma línea se ha pronunciado en distintas ocasiones el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que considera urgente el diseño de una estrategia fiscal que reviste todos los ingresos y gastos y que contribuya a una reducción progresiva del déficit y la deuda pública. En declaraciones a EFE apeló a la necesidad de anunciar un programa de consolidación fiscal "creíble" para mantener la confianza de los inversores en un entorno de elevado endeudamiento público que podría convertirse en vulnerabilidad.
Reglas fiscales suspendidas
Durante el primer trimestre de este año, la Comisión Europea comunicará a los estados miembros cómo se retomarán las reglas fiscales que se suspendieron al inicio de la pandemia. En marzo de 2020, se activó la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Bruselas dio vía libre a los países para que gastaran lo necesario para hacer frente a la pandemia. Durante 2021 se prorrogó la suspensión hasta 2023. No obstante, a finales de 2021, la Comisión abrió una consulta pública para diseñar un nuevo marco fiscal que se aplicará a partir del próximo año y que previsiblemente será distinto al anterior, al tener en cuenta el esfuerzo económico realizado después de la pandemia.
Las nuevas normas relativas a los objetivos de déficit y deuda tendrán en cuenta la emergencia climática y las inversiones digitales, pero también los niveles actuales de deuda. El comisario económico, Paolo Gentiloni, explicó que "la emergencia climática se agudiza al mismo tiempo que el apoyo fiscal durante la pandemia ha llevado los niveles de deuda a ratios muy altas". Por ello, Bruselas dibujará un marco fiscal diferente al anterior pero que recupere la disciplina presupuestaria.
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