Guiño de Feijóo a Sánchez: el PP apoya la agencia que fiscalizará los fondos UE

El nuevo PP de Feijóo busca marcarle la agenda económica al Gobierno. Y en ese afán juega un papel fundamental el ambicioso plan fiscal dirigido por Juan Bravo, consejero 'estrella' de Moreno Bonilla -ahora hombre fuerte en Génova-, y en el que han participado exministros, exsecretarios de Estado y fiscalistas. Aunque algunas de las propuestas planteadas suscitaron interés en el propio presidente Sánchez, de momento, desde Moncloa se guarda silencio y se elude dar una respuesta. Este escenario ha empujado a Feijóo a presionar al presidente con el apoyo de una medida aprobada por el Ejecutivo: una agencia que fiscalizará la cantidad de gasto generado por los fondos europeos.

Ayer tuvo lugar el segundo Comité Nacional del Partido Popular. Allí, la nueva dirección abordó durante la mayor parte del tiempo el nuevo plan fiscal de Feijóo. Una propuesta con la que los populares han conseguido deslucir el gran decreto económico de Sánchez, que se debatirá el próximo jueves, y que todavía no cuenta con los apoyos suficientes en el Congreso. Es, quizá, esto último lo que ha animado al PP a proponer al Gobierno una nueva reunión que permita introducir alguna de sus medidas -que definen como "transversales"- en el futuro plan de choque. Los negociadores serán el propio Bravo y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero desde Moncloa, por ahora, se rechaza incluir alguna de sus propuestas, conscientes de que si ceden estarían invitando a la opinión pública a pensar que el líder gallego es el que marca la agenda económica al Ejecutivo.

Mientras el entorno de Sánchez estudia qué hacer con el plan fiscal enviado, el líder de los populares lanza un guiño al presidente para tratar de seducir a su equipo más cercano con el objetivo de que el decreto incluya alguna de sus medidas. De esta forma, desde el PP consideran positivo la creación de una agencia que fiscalice la cantidad de gasto público derivado de los fondos europeos. Así, el propio documento facilitado por el partido el pasado viernes asegura que "la evaluación de las políticas públicas es una herramienta concebida precisamente para trabajar en pro de la eficacia y eficiencia. Es la línea que debemos seguir. El Anteproyecto de Ley de Evaluación de Políticas Públicas puede suponer una oportunidad para avanzar en la regulación de esta materia".

Este anteproyecto -que tiene por nombre 'Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado (AGE)' y que aprobado por el Consejo de Ministros hace una semana- fue uno de los hitos planteados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR). El objetivo de esta ley consiste "en proporcionar una herramienta de mejora y aprendizaje en las acciones de gobierno que favorezca la toma de decisiones, incremente la eficiencia de las políticas aprobadas y sirva de rendición de cuentas".

Agencia EFE

Para ello, "se contempla la creación de una Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas, para optimizar los procedimientos y potenciar la innovación y coordinar y supervisar el sistema público de evaluación. Según el Gobierno, "con esta medida, España aborda de manera transversal la evaluación de las políticas públicas, con el fin de analizar y evidenciar el impacto de estas políticas en cuestiones tan determinantes para la sociedad y la mejora del Estado de Bienestar, como la igualdad de género, el medio ambiente y la transición energética, la despoblación y el reto demográfico, el crecimiento económico y la redistribución de la riqueza, entre otros".

Según el PP, esta medida cumple los criterios de su tercera propuesta ('mejora de la eficiencia y calidad del gasto público') ya que "el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es poco concreto en lo que se refiere a la evaluación ex ante, siendo este un aspecto esencial de la calidad de las finanzas públicas" y la nueva agencia pública permitirá que "los 'spending reviews' (revisiones del gasto) se integren dentro de los procesos de decisión presupuestaria, como ya sucede en países de nuestro entorno".

Con esta primera cesión por parte del PP, Génova confía en abrir una vía con la que negociar durante estos días alguna de sus propuestas planteadas, como deflactar la tarifa del IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros, subir el mínimo personal y familiar o bajar el IVA de la luz y el gas natural. Pero pese a esta "mano tendida" que señalan los populares, el partido socialista se mantiene reacio a llevar a cabo un cambio en su decreto económico; y menos aún a través de la propuesta del líder gallego, que califican de "populismo fiscal". Una realidad que invita a ser poco optimista de cara a un pacto económico antes del jueves entre las dos grandes fuerzas del arco parlamentario.