Palma, 6 nov.- El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha afirmado hoy que no se prorrogará el plazo para presentar la declaración tributaria especial y ha recordado que los contribuyentes podrán acudir hasta el 30 de noviembre al plan extraordinario de regularización fiscal.
A través de este plan se pretende sacar a la luz rentas ocultas generadas hasta el 31 de diciembre de 2010, ha señalado Ferre, que ha participado hoy en un acto organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), la Cámara de Comercio de Mallorca y PwC en Palma.
Según ha informado hoy en un comunicado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no podrán acogerse a este plan extraordinario quienes tengan abierto un procedimiento de investigación o comprobación.
En opinión del secretario de Hacienda existe tiempo suficiente para acudir a la regularización, por lo que no tiene sentido alargar los plazos previstos.
Hacienda ya ha realizado las aclaraciones oportunas a través de los informes de la Dirección General de Tributos, que son "de obligado cumplimiento", ha subrayado Ferre.
La orden ministerial estipula que a través de este plan podrá regularizarse todo tipo de bienes y derechos, incluido el dinero en efectivo.
Además, por los activos aflorados se pagará un gravamen especial del 10 % y quedarán incluidos en las bases imponibles de los tributos de cara a ejercicios venideros.
Ferre ha destacado, además, el potencial de la nueva ley antifraude que entró en vigor la semana pasada con carácter general, que dota a la Administración tributaria de los mejores instrumentos contra la evasión fiscal y la economía sumergida.
Entre ellos figura la prohibición de realizar pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en el caso de operaciones en las que esté involucrado algún empresario o profesional.
Hacienda no sancionará a la parte que denuncie una operación de estas características, ha precisado el Ministerio, que ha informado de que la Agencia Tributaria pondrá en breve un apartado específico en su página web para poder tramitar estas denuncias.
La nueva ley endurece el acceso al régimen de módulos y fija la obligación de informar sobre todo tipo de cuentas y bienes situados en el extranjero.
El que incumpla este último precepto estará sometido a fuertes sanciones (150 %) y la renta descubierta será considerada como ganancia patrimonial injustificada, a consignar por la Administración en el último ejercicio fiscal no prescrito.
La cuota defraudada posiblemente sea constitutiva de delito fiscal, lo que supondría la remisión del expediente a Justicia.
En esta línea, Ferre se ha referido a la reforma del Código Penal en trámite parlamentario que fija un nuevo tipo agravado para el delito fiscal por el que se elevará a seis años la pena máxima de cárcel y a diez el plazo de prescripción.
El secretario de Estado ha precisado que la lucha contra el fraude es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno, que contribuye a la reducción del déficit público.
La Agencia Tributaria ha recaudado hasta septiembre 8.500 millones de euros por actividades ligadas al control del fraude fiscal, un 18 % más que en el mismo periodo del año anterior.
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