Importadores consideran apresurada la enmienda sobre excedentes de vehículos

Madrid.- La enmienda introducida en la Ley de Economía Sostenible sobre el tratamiento a dar a los excedentes de vehículos en las redes de distribución ha sido una medida "apresurada" en un texto legal complejo, según la Asociación de Importadores de Automóviles (Aniacam).

En un contexto de "profunda preocupación" por las nuevas disposiciones incluidas en este documento legal sobre contratos de distribución de automóviles y camiones, los importadores precisan que "esta forma de legislar impide valorar los intereses en juego, escuchando a los operadores directamente afectados".

En un comunicado, la organización presidida por Germán López Madrid, señala que esta actuación de algunos grupos parlamentarios "resulta especialmente incomprensible cuando se viene trabajando hace años en un anteproyecto de ley de contratos de distribución, cuyos borradores no incluyen ninguna de las medidas que ahora se fijan".

La intención de proteger a los distribuidores del sector automovilístico ha supuesto introducir una política de hechos consumados antes de aceptar los acuerdos que se pudieran alcanzar entre las partes implicadas.

Según ANIACAM, esta forma de actuar "fija un marco rígido de actuación dirigido a desplazar a los fabricantes costes de decisiones de negocio que corresponden a empresas independientes, lo que hace difícilmente viable la relación que se propone".

Con esta decisión se corre el riesgo, puntualiza ANIACAM, de que la nueva normativa consiga un efecto contrario al pretendido, con daños hacia los concesionarios por los mayores costes de distribución que se van a generar.

Otro riesgo inherente es el de que las marcas fabricantes e importadoras abandonen la suscripción de nuevos contratos de distribución y busquen alternativas como la implantación de filiales o sucursales, lo que paralizaría la constitución de nuevas sociedades.

ANIACAM se ha dirigido a los Ministros de Industria, Justicia y Trabajo y al grupo parlamentario socialista a fin de estudiar las posibilidades de impugnación de las disposiciones introducidas por la enmienda a la Ley de Economía Sostenible ante el Tribunal Constitucional, sin desdeñar otras vías de reclamación ante las autoridades comunitarias.