Bogotá, 17 ago.- Las empresas deben involucrarse más en la solución del desplazamiento forzado interno de Colombia, concluyó un informe presentado hoy en Bogotá por la Fundación de Ideas para la Paz (FIP) y el Departamento de Ciencia Política y Construcción de Paz (Conpaz) de la Universidad de Los Andes.
Este documento, el primero en la materia, busca "generar un espacio de discusión que a su vez genere conciencia en el empresariado del país acerca del fenómeno del desplazamiento y de la contribución que pueden hacer para mitigar sus impactos", aseguró la directora del Departamento de Ciencia Política y Conpaz, Angelika Rettberg.
Según el informe, en Colombia hay más de 3,5 millones de personas desplazadas, cifra que varía según la fuente consultada, como consecuencia del "conflicto armado, el narcotráfico y la violencia urbana".
Después de año y medio de investigaciones, el documento señala que "a nivel general, efectivamente hay vínculos que relacionan al sector empresarial con el desplazamiento forzado interno, tanto en zonas de expulsión como de recepción", y esos lazos se pueden presentar como relaciones de "generación, prevención o mitigación".
Sin embargo, el coordinador de la Unidad de Protección de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Andrés Celis, que apoyó la elaboración del texto, matizó en conversación con Efe que el reporte no trata de "generalizar frente a autoridades, empresarios o comunidades".
Por su parte, el presidente de la Fundación Privada Proantoquia (empresarios de Antioquia, departamento del noroeste), Juan Sebastián Betancur, señaló que "las políticas contra el desplazamiento no las puede diseñar el sector empresarial".
Betancur consideró que estas iniciativas corresponden "al Estado a partir de una política pública" por cuanto "es muy difícil que el sector se mueva más allá de su buena voluntad".
Entre tanto, el presidente de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos (Codhes), Jorge Rojas, admitió la importancia del estudio y destacó su punto de vista positivo.
"No todo está relacionado con una visión negativa. En el mundo aún se discute cuál es la responsabilidad de las empresas en los Derechos Humanos", bajo un marco ético.
En concreto, el informe profundizó en algunas regiones de los departamentos de Antioquia (noroeste) y Nariño (suroeste), que presentan altos niveles de desplazamiento forzado, así como en tres casos concretos de participación del sector privado en programas de mitigación y prevención de este fenómeno.
De la observación de estos casos se desprende, según Celis, que "hay evidencia en la parte judicial que identifica algunos sectores de actividad económica como aquellos que han desarrollado ese tipo de prácticas de desplazamiento".
Entre estos, plasmados en el documento, destacan los sectores de monocultivo como "el del banano, la palma y los maderables", así como "actividades mineroenergéticas", aunque señala que no hay informes al respecto.
Asimismo, resaltó la incidencia en el desplazamiento de actividades económicas sin regular como la minería ilegal, que causa un gran daño en el país.
El estudio recomienda incrementar las acciones realizadas hasta ahora en los sectores público y privado, pero reclama un "compromiso decidido de instituciones públicas, organizaciones sociales nacionales e internacionales y cooperación internacional".
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