El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación. En dos sentencias, la Gran Sala del Tribunal europea considera que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta, en particular, los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.
Los gobiernos húngaro y polaco acudieron a la Justicia europea para pedir la anulación de este reglamento al considerar que carece de base jurídica y que colisiona con otros instrumentos que ya existen en los Tratados de la UE para actuar ante riesgos graves para el Estado de derecho, como el artículo 7 que permitiría en última instancia suspender el derecho a voto de un Estado miembro incumplidor. Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad, que consideran arbitraria y carente de base jurídica.
La presidenta de la Comisión Europa, Ursula Von der Leyen, ha considerado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que avala el mecanismo condicionalidad de los fondos comunitarios permitirá proteger los intereses comunes frente "rupturas" del Estado de Derecho y ha prometido "claridad" sobre la aplicación práctica de este instrumento, impugnado por Hungría y por Polonia. La jefa del Ejecutivo comunitario ha señalado que la Comisión defenderá el presupuesto de la Unión Europea frente a las infracciones de los principios del Estado de Derecho. "Actuaremos con determinación", ha señalado en una publicación en Twitter.
Además, Von der Leyen ha asegurado que el Ejecutivo comunitario adoptará, en las próximas semanas, unas directrices que aporten mayor claridad sobre cómo se aplicará este mecanismo en la práctica. "La Comisión analizará ahora detenidamente las sentencias y su posible impacto así como los pasos posteriores que tomaremos en virtud del Reglamento", ha subrayado en un comunicado.
Von der Leyen ha añadido que la Comisión está evaluando en profundidad la aplicación del reglamento en algunos Estados miembros. Además, ha resaltado que este mecanismo permite "proteger mejor el presupuesto de la UE y los intereses financieros de la Unión frente a las infracciones de los principios del Estado de Derecho" y que garantiza que el presupuesto de la Unión se protegerá y ejecutará de conformidad con los principios de buena gestión financiera, en beneficio de todos los ciudadanos europeos.
El Parlamento Europeo asegura que "no es negociable"
Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha señalado que la es una prueba de que el Estado de derecho "no es negociable". En un comunicado, ha instado a la Comisión Europea a que aplique el mecanismo de condicionalidad rápidamente. Además, Metsola ha incidido en que "el Estado de derecho es la base sobre la que se construyen nuestros Tratados. Es fundamental que todos los Estados miembros se adhieran a estos Tratados, que se firmaron cuando se incorporaron a la Unión Europea".
Asimismo, ha subrayado la importancia de los valores en el seno de la UE y que "los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos comunes". El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles el nuevo mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, un mecanismo que Budapest y Varsovia recurrieron ante la Justicia europea para intentar su anulación.
Hungría y Polonia critican la propuesta
Por su parte, los gobiernos de Hungría y de Polonia han considerado que la sentencia es "la prueba de que Bruselas abusa de su poder" y ha vinculado el dictamen con el referéndum que tendrá lugar en abril. En dicha consulta, los ciudadanos húngaros deberán pronunciarse no solo sobre la continuidad del primer ministro, Viktor Orbán, en el poder, sino también sobre la Ley de Protección de la Infancia, una controvertida reforma que vincula homofobia y pederastia y limita el contenido LGTBI en educación.
La ministra de Justicia, Judit Varga, cree que el TUE ha dictado una sentencia "política" motivada por dicha ley. "Es otra presión contra nuestro país sólo porque adoptamos nuestra ley el pasado verano", ha publicado en Twitter. Orbán ya había anticipado que el TUE tumbaría el recurso húngaro, en un contundente discurso pronunciado el fin de semana y en el que acusó a las instituciones europeas de "luchar una guerra santa, una yihad del Estado de Derecho".
En la misma línea, el ministro de Justicia de Polonia, Zbigniew Ziobro, ha aseverado que a ojos de Varsovia se trata de un ejemplo de "fuerza bruta" y de cómo la ejercen quienes, "con el pretexto del Estado de Derecho, quieren ejercer su poder a expensas de los Estados miembro", informa la agencia de noticias DPA.
Para el Gobierno polaco, la sentencia reafirma la "peligrosa tendencia" del TUE y del resto de instituciones de extralimitarse con consideraciones al margen de los tratados, en palabras del portavoz del Ejecutivo, Piotr Mueller. No obstante, también ha señalado que la propia corte establece que sólo se pueden suspender los fondos en situaciones definidas "estrictamente" y que afecten al régimen presupuestario comunitario, según la agencia de noticias PAP.
Tanto Budapest como Varsovia habían impugnado ante el TUE un mecanismo un mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de Derecho, alegando que carece de base jurídica y choca con otros instrumentos ya en vigor. Aplicable desde el pasado 1 de enero, el reglamento fue aprobado con el rechazo de estos dos gobiernos, que bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros durante varias semanas para tratar de tumbar esta condicionalidad.
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