El Gobierno tiene previsto publicar convocatorias y licitaciones por valor de 24.600 millones de euros durante el primer semestre de este año. Una cantidad importante con la que Moncloa espera que la economía alcance la velocidad de crucero. No obstante, varias fuentes alertan de la lentitud en la ejecución de los fondos. Hasta el 29 de enero de este año, se habían adjudicado o estaban en fase de adjudicación 5.273 millones de euros. Pero el Ejecutivo todavía tiene un as en la manga, solicitar a la Comisión Europea que las convocatorias y licitaciones de la primera parte del Plan de Recuperación, el que se financia con transferencias no reembolsables, se puedan seguir publicando hasta 2026 y no hasta 2023 como está previsto hasta ahora.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital descartan que esta sea una posibilidad que esté sobre la mesa y aseguran que "se sigue trabajando para cumplir con los plazos establecidos". El Plan de Recuperación contempla inversiones y reformas que se llevarán a cabo entre 2021 y 2023, esto no significa que concluyan el próximo año, pero sí que se habrán iniciado entonces. Desde EY, apuntan que "en 2022, España está en disposición de corregir este error y de extender ese periodo hasta el máximo que permite el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como se ha hecho en otros países".
Dicho reglamento, a través del cual se financia el Plan de Recuperación elaborado por el Gobierno, permite que se realicen "reformas e inversiones en Estados miembros desde el inicio de la pandemia, en febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2026", según establece la Comisión Europea. El Gobierno decidió, sin embargo, redactar un documento con inversiones previstas hasta 2023 y dejó para una adenda posterior los proyectos a realizar entre 2023 y 2026. Las fuentes consultadas apuntan a que el Ejecutivo con "una solicitud razonada" -como recoge el reglamento- podría pedir un cambio para que las convocatorias y licitaciones previstas hasta 2023 se prolongaran hasta 2026. De esta forma, consideran que el Gobierno ganaría margen para la ejecución completa del Plan de Recuperación que ya cuenta con el visto bueno de Bruselas. Desde la Comisión indican que "los países no pueden solicitar una extensión en la implementación" pero se refieren a que el plazo no puede superar el 31 de diciembre de 2026.
2022 es un año clave para el Plan de Recuperación porque hay varias fechas marcadas en el calendario. Además de los hitos y reformas que el Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo, el Ministerio de Asuntos Económicos junto con el Ministerio de Hacienda trabajan en una adenda que deberán remitir a Bruselas antes de agosto. En este documento se incluirá la estrategia de préstamos del Gobierno de España y también los proyectos que Moncloa busca financiar con los recursos extraordinarios hasta 2026. Antes de la entrega, sin embargo, la Comisión Europea revisará la asignación de fondos correspondiente a España, y hasta que esta no se conozca, el Gobierno no podrá cerrar la adenda, según fuentes gubernamentales. La revisión tendrá lugar "cuando Eurostat publique sus datos finales en junio de 2022".
En primavera, Moncloa tiene prevista la solicitud del segundo tramo de los Fondos Next Generation-EU por valor de 12.000 millones de euros, el montante más cuantioso en todo el Plan. En el segundo semestre del año, España podrá solicitar otros 6.000 millones de euros. Hasta la fecha, Bruselas ha transferido 19.036 millones de euros para financiar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De estos, 11.247 millones de euros se han repartido entre las comunidades autónomas. Por otra parte, aunque las convocatorias y licitaciones del actual Plan de Recuperación vayan de 2021 a 2023, el calendario de transferencias por parte de Bruselas se alarga hasta 2026. Entre 2024 y 2026, España recibirá 11.900 millones de euros en tres pagos.
Reto prácticamente imposible
Fuentes cercanas al reparto de los fondos alertan que la fragmentación de los recursos retrasa la ejecución. Por ello, y teniendo en cuenta los ritmos de implementación de otros fondos europeos mucho menos cuantiosos, creen que el reto del Ejecutivo es prácticamente imposible si se limita la presentación de convocatorias y licitaciones en 2023. De hecho, ponen como ejemplo del retraso las convocatorias del Proyecto Estratégico para la recuperación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado. El plazo para su lanzamiento es el primer trimestre pero a falta de un mes y medio sigue sin haber noticias de las primeras licitaciones. En esta línea, valoran la posibilidad de que Moncloa acabe ampliando las convocatorias tres años más como permite el Reglamento.
Entre el 6 de noviembre y el 29 de enero del pasado año se publicaron 534 convocatorias entre la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas. En el primer semestre del año, el Gobierno tiene intención de publicar la mitad de convocatorias y licitaciones, 267, según los datos recogidos en el calendario de próximas convocatorias previstas del Plan de Recuperación. Solo en el primer trimestre los ayuntamientos deberán gestionar proyectos por valor de 6.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.
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