Sábado, 04.04.2020 - 04:29 h

Justicia prohíbe a Siemens de participar en licitaciones en Brasil por 5 años

La Justicia brasileña prohibió a la multinacional alemana Siemens de participar en licitaciones públicas en el país durante los próximos cinco años por supuestamente haber pagado sobornos en concursos públicos en años anteriores, informaron hoy fuentes oficiales.

Sao Paulo, 28 feb.- La Justicia brasileña prohibió a la multinacional alemana Siemens de participar en licitaciones públicas en el país durante los próximos cinco años por supuestamente haber pagado sobornos en concursos públicos en años anteriores, informaron hoy fuentes oficiales.

La decisión del Tribunal Federal Regional de la Primera Región, tomada en enero pero dada a conocer hoy, se basa en una investigación interna realizada por la empresa pública Correos y Telégrafos.

Según concluyeron los auditores de la estatal, Siemens pagó sobornos para obtener contratos con Correos en dos licitaciones realizadas en 1999 y 2004.

Tras la investigación, Correos decidió prohibir la participación de la compañía en las licitaciones de la estatal por un periodo de cinco años.

Siemens presentó un recurso ante la Justicia contra la decisión de Correos, pero en agosto pasado un juez de primera instancia rechazó la apelación y extendió la prohibición a las licitaciones de toda la administración pública.

La compañía alemana apeló el fallo de primera instancia, pero el tribunal de alzada mantuvo la decisión y determinó el inmediato cumplimiento de la pena.

En un comunicado remitido a Efe, la compañía informó hoy de que recurrirá de nuevo la decisión.

"La pena impuesta a Siemens es consecuencia de un procedimiento administrativo interno conducido por la empresa brasileña de Correos y Telégrafos hace algunos años. La sanción se refiere a supuestas irregularidades cometidas en dos licitaciones específicas realizadas en 1999 y 2004", señala la nota.

Siemens también es investigada junto con otras grandes empresas del sector ferroviario, como Alstom, Bombardier y la española Caf, por supuestamente haber pactado el reparto de contratos de mantenimiento de trenes en el estado brasileño de Sao Paulo entre 1998 y 2002.

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