Juzgan a dos administradores de Aifos por quedarse con dinero sin hacer las casas

Dos administradores de la promotora Aifos serán juzgados a partir de hoy en la Sección Primera de la Audiencia de Málaga por quedarse, presuntamente, con más de medio millón de euros que aportaron dieciséis clientes en diversas cantidades a cuenta para la compra de viviendas.

Los procesados, J.R.C. y M.T.M.T., se enfrentan a una petición fiscal de 7 años de prisión cada uno por un delito de estafa, así como a multas de 26.100 euros por este delito en concurso con otro contra los consumidores, según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe.

El ministerio público mantiene que los acusados comenzaron durante 2001 la promoción de unas viviendas en diversas urbanizaciones de la provincia de Málaga a través de una publicidad o una oferta en la que se hacían "alegaciones falsas de características inciertas sobre las viviendas a construir".

En agosto de ese año se efectuaron los contratos de compraventa de viviendas, supuestamente en construcción, conforme al que las se pagaron las cantidades estipuladas, con "la creencia" de que se había iniciado la construcción de las viviendas, y que se entregarían en un plazo de unos veinte meses.

Sin embargo, los acusados no habían llevado a cabo la obra proyectada, "ni siquiera obtenido la pertinente licencia de obras con los ayuntamientos".

Los procesados, según el fiscal, "hicieron suyos en su propio beneficio" los desembolsos económicos de los perjudicados, "sin que hasta la fecha se haya realizado construcción alguna ni se haya devuelto cantidad a ninguno de los perjudicados". Las cantidades aportadas por los compradores de las viviendas oscilan entre los 25.906 y los 70.433 euros.

El fiscal pide además que los procesados indemnicen conjunta y solidariamente en el importe de las cantidades entregadas y que de cuyo pago responda con carácter subsidiario la mercantil Inmobiliaria Aifos.

También pide que indemnicen a los perjudicados en la cuantía de los gastos que hayan tenido que soportar por la adquisición de las viviendas y la suma de 3.000 euros a cada cliente en concepto de indemnización de perjuicios y daños morales causados.