l consejero de Urbanismo destaca que el Gobierno no se ve "desautorizado"

Santander.- El consejero de Urbanismo, José María Mazón, ha afirmado hoy que el Gobierno no se siente "desautorizado" por el Tribunal Superior de Justicia, que en los últimos días ha ordenado que se ejecute el derribo de Cerrias I y Pueblo de Mar, y ha dicho que piensa seguir trabajando para buscar soluciones.

El consejero se ha manifestado así en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que ha rechazado los recursos del Ayuntamiento de Piélagos y de los afectados frente a la orden de derribo de Cerrias I y establece que los trabajos de demolición deben iniciarse en el plazo de quince días.

Mazón ha instado a los ayuntamientos a que pongan en marcha planeamientos urbanos que sirvan para dar cobertura a las viviendas declaradas ilegales, porque, según ha alertado, en estos momentos el Gobierno de Cantabria no dispone de los instrumentos para evitar la ejecución de las sentencias de derribo.

"Vamos a ver si de todas formas da tiempo a que algunas de estas demoliciones previstas no es necesario realizarla porque lleguemos a tiempo de crear un instrumento que diga: oiga, esto ya es legal", ha apuntado el consejero.

Para poder contar con esos instrumentos, el titular de Urbanismo ha insistido en la importancia de que los ayuntamientos pongan en marcha esos planes generales. "Por favor que se den prisa para poder aprobar estos planeamientos", ha recalcado.

Mazón ha subrayado que la intención del Gobierno no es interferir en la labor de los tribunales, pero ha indicado que, desde la Consejería, se trata de actuar "desde el punto de vista del urbanismo y del territorio".

El consejero ha admitido que el Plan del Gobierno para tratar de encontrar una solución a las viviendas con sentencias de derribo no es vinculante para el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), tal y como ha señalado la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Mazón ha explicado que el Ejecutivo no ha sido parte en los procesos judiciales que declararon ilegal la licencia de Cerrias y, por ello, no puede pedir a la Sala de lo Contencioso "que haga algo o lo deje de hacer".

Y ha advertido de que, en materia de urbanismo, siempre hay cierta "inseguridad jurídica" porque existe la acción pública, de forma que la licencia de una vivienda o de una urbanización puede ser recurrida ante los tribunales y ser anulada a pesar de estar prevista en los planeamientos vigentes, aprobados por los ayuntamientos y por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

"Esto siempre puede ocurrir y, por tanto, hay una inseguridad", ha remarcado el titular de Urbanismo, que ha destacado que hay que acatar las resoluciones judiciales.