La administradora concursal de Martinsa supervisará el proceso de Marsans

Madrid.- Uno de los tres administradores concursales de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, Antonia Magdaleno, supervisará también el proceso por insolvencia de Viajes Marsans, según ha acordado el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, que declaró insolvente a la compañía turística el 25 de junio.

Antonia Magdaleno, socia del despacho de abogados valenciano Broseta, compartirá las labores de supervisión con el ex juez mercantil Edorta Etxarandio y con los economistas Rafael Martín y Pedro Tortosa.

Magdaleno será técnicamente auxiliar-delegado de la administración concursal, dado que la Ley Concursal sólo permite el nombramiento de tres profesionales para encabezar el organismo, aunque funcionalmente cumplirá las mismas tareas que los otros responsables.

En un comunicado, Broseta Abogados destacó que Magdaleno cuenta con una "solvencia y dilatada experiencia" como administradora concursal, ya que ha intervenido no sólo en el proceso por insolvencia de Martinsa-Fadesa sino de otras grandes empresas como Urazca o Llanera.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, la administración concursal de Viajes Marsans se completa con el nombramiento de Pedro Tortosa, que representará a los acreedores a propuesta de la asociación que agrupa a la mayoría de aerolíneas, IATA, que fue elegida por el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid para integrar dicho organismo.

El ex juez mercantil Edorta Etxarandio y el economista Rafael Martín ya fueron designados como miembros de la administración concursal cuando el pasado 25 de junio la juez Ana María Gallego declaró el concurso necesario de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Viajes Marsans.

Los administradores concursales de la empresa turística deberán elaborar en los próximos meses el listado de acreedores y el informe provisional de situación patrimonial de la compañía, que revelará si sus deudas son superiores o no al valor de sus activos.

Se abrirá entonces el plazo para que los acreedores impugnen el listado de acreedores y el juez resuelva esas discrepancias, lo que suele durar al menos un año en los grandes procedimientos de insolvencia.