La audiencia nacional alerta de que investigar las preferentes puede "colapsar" el juzgado de bankia

El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, ha advertido hoy de que incorporar al 'caso Bankia' la presunta estafa en la venta de participaciones preferentes podría crear un "macroproceso" que "colapsaría el juzgado" del instructor, el juez Fernando Andreu.

Juanes, tras el acto de presentación en Madrid de la Asociación contra la Corrupción y por la Regeneración Social (Accors), se ha referido así a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que esta semana ha ordenado a Andreu que incluya en su investigación contra Rodrigo Rato y los antiguos consejeros de Bankia la venta masiva de preferentes por parte de las siete cajas de ahorro que se fusionaron para crear el banco.
"Evidentemente va a dar lugar a un macroproceso", ha señalado el presidente de la Audiencia Nacional antes de añadir que, si se confirmar finalmente la decisión de la Sala de lo Penal a través de una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, "todos los juzgados de España" que llevan causas por la venta de participaciones preferentes de Bankia o de cualquiera de la siete cajas de ahorro que crearon la entidad en diciembre de 2010 se inhibirían y dejarían sus procesos en manos de Andreu.
Juanes ha señalado que, ante esta situación, habría que adoptar de forma "urgente" medidas de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el juez Andreu. Estas medidas de apoyo podrían pasar incluso por la creación de "un juzgados bis".
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional argumentó en su resolución que las ventas de preferentes fueron "los actos preparatorios, previos e inseparables del posterior brusco deterioro patrimonial de Bankia, en cuanto constituyen maniobra de recapitalización artificial de una de las cajas de ahorros cuyo proyecto de fusión estaba ya en marcha".
La consecuencia de esta resolución, según explicaron fuentes jurídicas, es que el juez Andreu se podría ver obligado admitir las querellas de los cientos de miles de afectados por la venta de preferentes y que se convertiría así la causa contra Bankia en un macroproceso difícil de manejar.