La banca tendrá que avisar también a autónomos si les va a cerrar el crédito

Madrid, 7 ene.- La banca tendrá que avisar también a los autónomos, y no sólo a las pymes, con al menos tres meses de antelación si se va a producir un posible recorte en su financiación de un 35 % o más, han acordado hoy la mayoría de los grupos parlamentarios.

El Consejo de Ministros aprobó a principios de octubre un texto según el cual la banca informaría a las pymes ante un posible recorte de crédito para que estas empresas pudieran buscar vías alternativas de financiación, aviso que ahora se extenderá también a los autónomos.

Esta decisión se ha tomado durante el debate en la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, que ha servido para aprobar con competencia legislativa plena el proyecto de ley de fomento de la financiación empresarial.

Además, el grupo parlamentario popular ha insistido en que tanto pymes como autónomos podrán obtener de su entidad crediticia y en un plazo de diez días información sobre su posición financiera, historial de pagos, extracto y calificación crediticia.

La información será gratuita siempre que a la empresa en cuestión se le haya negado financiación, por lo que sólo tendrá un coste si la petición de este historial surge a iniciativa de la propia pyme o el autónomo, ha añadido el diputado popular José López Garrido.

A UPyD le hubiera gustado además que el aviso de un posible cierre de la financiación llegara con más antelación, al menos cuatro meses, así como que las compañías afectadas tuvieran un plazo de dos semanas para presentar alegaciones, tal y como ha explicado durante el debate el diputado Álvaro Anchuelo.

Pero ahí no quedan las novedades de este proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía, y en cuya votación el PSOE, La Izquierda Plural y Amaiur se han abstenido, ya que también se definen los tipos de inversores -institucionales o minoristas- para proyectos de micromecenazgo o "crowfunding".

Sobre este aspecto, el diputado de CiU Josep Sánchez i Llibre ha elogiado que este proyecto de ley incorpore medidas "relevantes" alternativas a la financiación bancaria y distinga entre inversores -minoristas e institucionales- en proyectos de mecenazgo.

Sin embargo, algunos otros grupos parlamentarios piensan que la ley pone demasiados limitaciones a esta vía de financiación, si bien el diputado popular José López Garrido ha asegurado que la norma no es restrictiva sino que es "prudente".

Ha insistido en que España es de los primeros países del mundo que legislan un fenómeno tan nuevo como la financiación alternativa a través de una plataforma de Internet y dentro de la prudencia defiende que no se pueda incluir como garantía la vivienda habitual del inversor.