La CE propone un nuevo sistema de supervisión para mejorar la respuesta ante la crisis

Bruselas.- La Comisión Europea propuso hoy formalmente la puesta en marcha en la UE de un nuevo sistema de supervisión financiera para garantizar la aplicación de las mismas reglas y principios en todos los países y mejorar la respuesta en caso de problemas en el sector financiero.

El Ejecutivo de la UE presentó un esperado paquete legislativo -que ahora deberán discutir los Estados miembros y el Parlamento Europeo- con el que pretende tapar los huecos detectados durante la actual crisis y adaptar los mecanismos de supervisión a un sector financiero que ya trasciende las fronteras nacionales.

Como principales novedades, Bruselas plantea la creación de un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, encargado de vigilar la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y emitir alertas y recomendaciones si detecta riesgos, y un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, formado por tres nuevas autoridades para los sectores de banca, bolsa y seguros.

"Nuestro objetivo es proteger a los contribuyentes europeos de lo sucedido el año pasado, cuando los gobiernos tuvieron que inyectar a la banca miles de millones de euros", señaló el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, quien confió en que el nuevo modelo europeo de supervisión sirva de inspiración a nivel global.

La idea es que los cambios planteados por Bruselas entren en vigor ya en 2010, lo que requerirá una fluida tramitación tanto en el Consejo de la UE como en la Eurocámara.

Los Estados miembros ya dieron su visto bueno a la nueva estructura de supervisión en junio pasado, aunque será ahora cuando empiecen a discutirse los detalles sobre su puesta en práctica, y en especial sobre las competencias asignadas a los nuevos organismos.

Según la propuesta del Ejecutivo comunitario, el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos (CERS) será responsable de alertar a los Estados miembros concernidos y a las autoridades europeas de posibles riesgos y les hará recomendaciones de actuación.

El receptor de la advertencia tendrá que comunicar las medidas adoptadas y, en caso de decidir no seguirlas, deberá explicar por qué.

Dado que la difusión pública de las alertas y recomendaciones del CERS puede tener consecuencias adversas en los mercados, se decidirá caso por caso si conviene o no mantenerlas confidenciales.

El nuevo organismo se basará en la estructura del Banco Central Europeo (BCE), que controlará el secretariado, en el que también estarán representados todos los bancos centrales de los veintisiete Estados miembros.

El presidente del CERS será elegido para periodos de cinco años, renovables, por la cúpula del órgano, en la que se sentarán los gobernadores de los bancos centrales, el presidente y vicepresidente del BCE, un representante de la Comisión Europea y los presidentes de las tres nuevas autoridades de supervisión.

Los supervisores nacionales y el presidente del Comité Económico y Financiero de la UE también participarán, pero sin derecho a voto.

En cuanto al Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF), consistirá en una red formada por los organismos nacionales de supervisión y tres nuevas autoridades comunitarias especializadas en banca, bolsa y seguros.

Para crear las tres autoridades, se partirá de los actuales comités europeos de supervisores bancarios (CEBS), bursátiles (CESR) y de seguros (CEIOPS), a los que se dará nuevas competencias.

En concreto, se encargarán de proponer estándares técnicos de supervisión y garantizar una aplicación homogénea de las reglas en toda la UE, promover la cooperación entre los supervisores nacionales y mediar entre ellos en caso de desacuerdo, así como de supervisar a las agencias de calificación de riesgos.

La supervisión diaria de las entidades financieras seguirá siendo responsabilidad de los organismos nacionales, pero también se prevé la creación de equipos de supervisores para vigilar a las que operan en más de un país.

Bruselas calcula que las nuevas autoridades costarán alrededor de 37 millones de euros en su primer año completo de actividad (2011) y en torno a 68 millones a partir de 2014, cantidades de las que el 60 por ciento correría a cargo de los Estados miembros y el 40 por ciento restante provendría de las arcas comunitarias.