Bruselas.- La Comisión Europea confirmó hoy que las fusiones entre Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona y por otro lado entre Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu cuentan ya con su visto bueno oficioso, ya que respetan los criterios del plan de ayudas aprobado por Bruselas para entidades financieras sanas que se han visto afectadas por la crisis.
Fuentes de la CE recordaron que aunque no se requiere una aprobación formal del Ejecutivo comunitario para cada uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el caso de fusiones entre cajas de ahorro consideradas saneadas, Bruselas sí estudia la operación para comprobar que se cumplen ciertos criterios.
"Los estados miembros remiten la información a la Comisión que examina si se cumplen los criterios necesarios y da su visto bueno oficioso", aclararon las fuentes.
Bruselas precisó que este proceso no se notifica de manera oficial, sino que simplemente se da la luz verde al estado miembro en cuestión, lo que no representa una aprobación formal.
En el caso de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu, que solicitan al FROB 380 millones de euros, este consentimiento no oficial de la CE se produjo el pasado 30 de marzo y un día después tuvo lugar el relativo a Caixa Catalunya, Manresa y Tarragona, que esperan recibir del FROB 1.250 millones de euros.
La CE aprobó el FROB el pasado 28 de enero y esa decisión supuso la aceptación de ese marco general de ayudas para entidades financieras sanas aunque afectadas por la crisis financiera.
La Comisión, como tal, sólo se involucrará si hace falta un plan de reestructuración de alguna entidad, pero no en las decisiones puntuales para cajas y bancos considerados en buen estado, es decir, que, después de haber autorizado el plan, la aprobación de la aplicación particular del FROB en cada paso no tiene por qué ser autorizada por el Ejecutivo comunitario.
El visto bueno no formal de la CE para estos dos casos de fusión es el primero que recibe España desde la aprobación del FROB en enero.
La autorización del FROB por la CE, tras intensas negociaciones con las autoridades españolas, atribuye al Ejecutivo comunitario la capacidad de aprobar o vetar las ayudas públicas que afecten a entidades cuya situación no esté considerada como "intrínsecamente sana", es decir, aquellas en las que la necesidad de capital exceda el 2% del valor de los activos ponderados por riesgo.
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