La deuda pública se mantiene en el visor de las agencias de calificación

Paro, deuda y déficit son los tres parámetros que las agencias de calificación de deuda, y con ellas los inversores, mantienen bajo vigilancia en España. Y mientras auguran una mejora en el paro, y esperan un control del déficit, la deuda se dibuja como un 'punto caliente' que podría ser decisivo a la hora de realizar futuras subidas… o rebajas.

En su último informe Moody's advertía que España tiene todavía altos niveles de déficit y deuda, y que ésta, podría alcanzar el 102% en 2016. Una advertencia similar a la que ha realizado Standard & Poor'sque calcula que para 2017, el 9% de los ingresos del Estado deberán destinarse al pago de intereses.

La deuda pública española se encuentra en un máximo histórico del 96,7%. Según los expertos se acerca a los límites de lo sostenible (lo que el país puede pagar sin riesgo de impago). De hecho, un estudio presentado recientemente por la Fundación BBVA apunta a que el límite de endeudamiento público para España se encontraría entre el 98,76% y el 123,45%.

Las previsiones oficiales señalan que la deuda siga aumentando. Los cálculos del Ejecutivo sitúan en 2015, el nivel de deuda en el 101,7%. El aumento de la deuda ha sido otro de los efectos que arrastra la crisis. En 2008, la deuda pública española era del 40,20%.

La deuda engorda con el déficit anual del Estado. Al no poder hacer frente a todas las facturas de Administraciones y Seguridad Social, al gastar más de lo que se recauda, se pide prestado a los mercados internacionales: se emite deuda. Y al final, como explica el profesor de la Universidad de Murcia, José García Solanes, "los inversores terminan por darse cuenta que el país se ha excedido y piden más intereses, aumenta la prima de riesgo", explica Solanes. De ahí el riesgo para la calificación crediticia. La solución es una vieja prescripción facultativa que hemos escuchado a lo largo de toda la crisis: "recortar déficit pero sin perjudicar al crecimiento", subraya García Solanes, "es decir, habría que suprimir gasto superfluo y realizar una reforma drástica de la Administración", concluye.