La financiación privada tendrá cada vez más peso en las infraestructuras

Madrid.- El régimen concesional, que evita que las inversiones en obra pública tengan que estar sujetas a los Presupuestos Generales del Estado, "ha venido para quedarse" y tendrá "cada vez más peso", ha asegurado hoy la secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñero.

En la inauguración de unas jornadas sobre "Eficiencia de la inversión de infraestructuras para la salida de la crisis", Rodríguez-Piñero ha instado a constructores y promotores a incorporarse al modelo de colaboración público-privada a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI).

Diseñado para movilizar 17.000 millones de euros en los próximos años, este plan tiene el objetivo de implicar al sector privado para compensar el recorte de inversión pública en carreteras y ferrocarril.

Para el Gobierno se trata de una financiación más "justa", ya que "no parece razonable que una infraestructura, que tiene una vida tan larga, sea financiada por una única generación", ha defendido la secretaria general.

"Todos nos beneficiamos de las infraestructuras que otros han pagado, y el régimen concesional reparte eso a lo largo del tiempo", ha insistido la secretaria general.

Además, a su juicio las empresas que entren en este esquema estarán más preparadas para competir en el extranjero, ya que este modelo se impone en todo el mundo.

Rodríguez-Piñero ha reconocido que el ajuste en la inversión pública en construcción ha sido "doloroso" pero, al mismo tiempo, ha subrayado que "el recorte se ha llevado a cabo con transparencia y compartiendo los criterios con las empresas".

El reto del Ministerio es reducir un 22% los costes de construcción con la aplicación de criterios de eficiencia, pero sin renunciar a los estándares de calidad y seguridad.

Entre otras cosas, el Gobierno será más estricto para evitar las "ofertas a la baja" que hacen las empresas para conseguir que les adjudiquen infraestructuras que después acaban costando hasta un 42% más caras.

En el mismo foro, el Colegio de Ingenieros de Caminos, los máximos representantes de las organizaciones sectoriales han mostrado su preocupación por los planes económicos del Gobierno

Así, el presidente de Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Juan Lamo Espinosa, ha advertido de que los recortes previstos en infraestructuras en los Presupuestos Generales para 2011 "pueden generar un incremento del desempleo de 660.000 personas".

"Si no se rectifica el presupuesto, en el sentido de reducir gasto corriente y ampliar gasto en inversión, llegaremos a una cifra de paro muy considerable que debería evitarse", ha añadido.

Tras reunirse con los grupos parlamentarios para expresar esta preocupación, el presidente de Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, ha indicado que las empresas del sector no esperan "mucho" del proceso de enmiendas al proyecto de ley.

Frente a los recortes en infraestructuras, los representantes de las organizaciones sectoriales han defendido la privatización de las empresas públicas, el aumento de los impuestos que gravan el tabaco y los carburantes y el incremento del IVA como medidas para crear nuevos instrumentos de financiación.