Valencia, 8 nov.- El Gobierno valenciano descarta "rotundamente" la privatización de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), pero todavía no ha estudiado otras posibilidades como recurrir a conciertos con televisiones para cubrir el servicio público que ejercía la empresa pública o alquilar sus frecuencias.
Así lo ha asegurado el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo, en la que ha advertido de que la Generalitat rechazó recomendaciones hechas desde "el Estado" y "la sociedad" para que hiciera lo que tuviera que hacer, incluso cerrar hospitales, para reducir el déficit.
Císcar ha insistido en que la decisión de cerrar RTVV se basa en criterios económicos, pues no se pueden asumir los 70 millones que costaría el cumplimiento de la sentencia que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE), y del que ha vuelto a responsabilizar a los órganos directivos de la empresa.
Ha asegurado que, según los informes de la Abogacía de la Generalitat y Garrigues sobre la sentencia, esta basa la nulidad en decisiones tomadas durante el proceso de ejecución del ERE, una competencia exclusiva de los órganos directivos de la empresa.
El vicepresidente no ha descartado exigir responsabilidades a la última dirección general, ni tampoco a las anteriores, y ha afirmado que no se siente responsable del cierre de RTVV y que dimitiría "si una dimisión arreglara la situación de 1.700 trabajadores".
Císcar ha afirmado que el Gobierno valenciano se personará en la pieza separada del caso Gürtel que investiga los contratos de RTVV en relación con la visita del papa a Valencia en 2006 si se produce un ofrecimiento de acciones por parte del juez, porque la Generalitat puede resultar perjudicada.
Ha afirmado que todas las cuestiones relacionadas con RTVV que pueden tener una responsabilidad penal están en los tribunales, y ha animado a quien conozca otros casos que no lo estén a que los denuncie.
Sobre las denuncias de falta de libertad hechas por los trabajadores ha dicho entender su "enfado e indignación" y ha defendido que si se coarta la libertad en un medio de comunicación debe ser denunciado, al tiempo que ha rechazado que existan las "injerencias políticas" denunciadas por la ex directora general, Rosa Vidal.
Ha pedido perdón por las decisiones erróneas que se hayan podido tomar durante los años de gobierno del PP, y ha garantizado que todo lo que haya en el patrimonio de RTVV que merezca ser protegido, como su archivo documental, quedará en manos públicas tras el proceso de liquidación.
El vicepresidente ha asegurado que no hay "ninguna voluntad" de cortar las emisiones mientras dure el proceso, y ha atribuido el decreto-ley aprobado ayer a la necesidad de adoptar decisiones "urgentes" en momentos de anormalidad como lo era, a su juicio, que RTVV se quedara sin órganos directivos.
Císcar ha asegurado que no se ha consultado ni pedido ayuda al Gobierno para RTVV, y ha insistido en que las causas del cierre son económicas, pues se les ha llegado a recomendar el cierre de hospitales para cumplir el déficit y el Ejecutivo valenciano se ha negado pues tiene una línea roja clara.
Ha precisado que de los 70 millones que costará el cierre, unos 30 millones corresponden a indemnizaciones de los trabajadores ya despedidos, otros 30 por los que no estaban afectados por el ERE, y unos diez millones de salarios de tramitación, aunque no se ha hecho una estimación de la indemnización a contratistas de RTVV.
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