El campo, para alivio del Gobierno, parece haber aceptado una tregua. Un paquete de ayudas de 430 millones puede servir de antídoto para, por lo menos, capear la delicada situación que sufre el sector: una pandemia, disparo de costes por una guerra… y ahora la sequía. Este escenario ha llevado a muchos organismos a evaluar la situación de uno de los motores económicos de España. Así, CaixaBank Research, en su informe sectorial para el primer semestre de 2022, hace un análisis muy crítico del sector agroalimentario en España. Así, el servicio de estudios pronostica "un notable impacto de forma directa por el fuerte encarecimiento de ciertos insumos procedentes del ‘granero de Europa’ (Ucrania)".
En el informe de coyuntura presentado por el centro de investigación del banco remarcan desde el principio que el aumento de los costes energéticos es el principal efecto perverso que está causando la guerra. Sin embargo, matizan que "aún es pronto para saber el alcance y la repercusión del conflicto sobre la economía española y el sector agroalimentario en particular". Lo que no impedirá, según dicen, "un nuevo shock energético y que se retrase la normalización del funcionamiento de las cadenas de valor global". Por otro lado, señalan la razón de por qué nuestro país está tan expuesto a este conflicto bélico: "el 27% y el 62% de las importaciones de maíz y de aceite de girasol, respectivamente, proceden de Ucrania; y Rusia es un proveedor importante de abonos minerales".
El informe hace mención a la sequía sufrida durante este invierno que "ha puesto de manifiesto uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta el sector: mejorar el uso de los recursos hídricos ante un escenario de mayor escasez de agua". De esta forma, el servicio de estudios propone que para combatir el cambio climático es necesario "un esfuerzo ingente para adaptar el regadío español a las nuevas circunstancias"; y apunta a los fondos Next Generation como el canal que materialice dicha actuación.
La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de terreno agrícola en regadío (en torno al 40%). La importancia de esta técnica en el sector es fundamental ya que la superficie regada en 2021 supuso el 22,9% (un 7,8% de la geografía total). Los cultivos que más agua necesitaron el año pasado fueron los cereales de grano, el 24,1%, el olivar, 22,6%, los frutales no cítricos, 10,6% y el viñedo, con 10,3%. "Estos tres tipos de cultivo son los que han experimentado un mayor crecimiento de la superficie regada entre 2004 y 2021", apuntan.
Por otro lado, a nivel internacional, desde CaixaBank observan un escenario muy parecido al de España, "el estallido del conflicto en Ucrania ha hecho aumentar los precios agrícolas en los mercados internacionales, y su trayectoria a corto plazo es muy incierta, condicionada a la evolución del precio de los insumos y, a más largo plazo, a las políticas de biocombustibles vinculadas a los esfuerzos para descarbonizar la economía global". Un contexto que creen que afecta a nuestro territorio porque "el aumento del coste de los fertilizantes que se ha producido a nivel global es especialmente preocupante para el campo español, importador neto de este insumo".
Por último, el informe arroja optimismo dentro del sector agroalimentario del país afirmando que "si comparamos el nivel del cuarto trimestre de 2021 respecto al cuarto trimestre de 2019, el VAB (Valor Añadido Bruto) del sector primario es un 2,6% superior al nivel precrisis y su contribución al conjunto de la economía es similar a la de antes de la pandemia (2,7% del VAB en 2021 frente al 3,4% en 2020 y el 2,9% en 2019). Pero, advierte: "La evolución de los costes está condicionando en gran medida la producción del sector agrario, llegando incluso a poner en aprietos la viabilidad económica de las explotaciones en algunos casos".
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