La ley para los sistemas eléctricos extrapeninsulares sigue su tramitación parlamentaria

El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó este jueves las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas por varios grupos parlamentarios al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, por lo que la norma continúa con su tramitación parlamentaria.
Durante la sesión plenaria, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se encargó de defender la norma y afirmó que, finalmente, las centrales hidroeléctricas de bombeo en los sistemas insulares como el de Canarias “no se traspasarán a Red Eléctrica”.
Soria aclaró que, respecto a las centrales hidroeléctricas que existen en la actualidad, en la isla del Hierro, “prácticamente culminada”, y en la isla de Gran Canaria, “todavía en fase de proyecto”, en virtud a una enmienda pactada entre el Gobierno estatal y el canario “no se traspasarán a Red Eléctrica siempre que se cumpla con el calendario que se proponga y se apruebe”.
“Para las instalaciones que incorporen un bombeo y tenga autorización administrativa, o que sea concesionaria de un aprovechamiento hidráulico, se le fijará un calendario de ejecución y sólo si lo incumplen se les traspasará a Red Eléctrica. La titularidad, de acuerdo a este enmienda, de REE, será sólo será en el caso de que lo autorice la Comisión Europea”.
En el proyecto inicial, el Ejecutivo justificaba que dada la “importancia de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación en los SEIE (sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares) para garantizar la seguridad de suministro”, la titularidad de estos activos corresponderá al operador del sistema eléctrico y al gestor técnico del sistema gasista, respectivamente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 1 de marzo, en la que se aprobó el texto que se debate en el Congreso, el ministro afirmó que se buscaba “modificar la titularidad de las plantas de bombeo y regasificadoras en esos sistemas para que puedan ser gestionadas por los operadores del sistema”, es decir, plantas de bombeo por REE y de las regasificadoras por Enagás.
Por otra parte, el titular de Industria remarcó que este proyecto es “garantía” de suministro para estos sistemas y supone un incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares e extrapeninsulares. Además, “habilita al Ministerio para crear mecanismos retributivos para reducir el coste de generación".
Para el ministro, el texto normativo incluye, “aumentar la eficacia de estos sistemas, procurar que haya más operadores de los existentes, aumentar la seguridad ante posibles riegos, que haya nuevas instalaciones de generación y distribución, optimizar el coste de los combustible y asegurar los bombeos en estos sistemas”.
Además, dijo, “se va a favorecer a que operadores que no estén pueden entrar”, de tal forma que no se podrá otorgar régimen retributivo o primado que sean de titular de una empresa o grupo un porcentaje de potencia superior al 40% en ese sistema.
Pero, añadió, se ha pactado una modificación con el Ejecutivo canario de tal forma que se permitirá que "el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas”.
Por otra parte, sobre la regulación para los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica (fracking), el ministro señaló que lo han considerado “oportuno” introducirlo tras hablarlo con las comunidades autónomas afectadas.
Por su parte, el diputado socialista José Segura, afirmó que su grupo no está de acuerdo con este “mal texto” realizado “de manera acelerada” y por ello propone un texto alternativo de 20 páginas.
Le reprochó que el ministro explicó “otro proyecto” por los pactos acordados con el Ejecutivo canario, si bien van en “la buena línea”. Segura reclamó al ministro “criterios de concurrencia” y “no manum militari, expropiación típica propia de otros países de otras latitudes”.
Por parte de CiU, su portavoz económico Josep Sánchez i Llibre, dijo sobre el fracking que esta técnica “no está exenta de riesgos, los cuales pueden acarrear graves externalidades negativas sobre los ciudadano, mermando en su salud pública y mal metiendo El medioambiente debido q a que esta técnica no ha sido suficientemente investigada”.
Desde UPyD, Carlos Martínez-Gorriarán, afirmó que votan en contra porque es una ley "parcial", "opaca", hecha “ad hoc” para Canarias y para Endesa y reclamó una legislación más “rigurosa” para el fracking.
El diputado peneuvista Pedro Azpiazu, que se abstuvo en la votación a las enmiendas de totalidad presentadas, aclaró que las centrales de bombeo “no deben corresponder al operador del sistema”. Pero que dan “margen de maniobra, no sabemos si merecido” al Ejecutivo para que modifique la norma.
Desde el Partido Popular, el diputado Guillermo Mariscal señaló que, gracias a este proyecto, los sobrecostes de los sistemas insulares puede verse “reducido significativamente” y que el precio de la electricidad se abarate.