La nueva ley antitabaco hará que la hostelería deje de ingresar más de 7.000 millones y pierda 50.000 empleos, según el sector

El endurecimiento de la ley del tabaco "perjudicará a la economía española y, en particular, al sector hostelero", que, según sus cálculos, dejará de ingresar más de 7.000 millones de euros (un 10% de sus ventas) y perderá más de un 3% de puestos de trabajo, es decir, entre 45.000 y 50.000 empleos, según indicaron hoy representantes de la hostelería.

Así se desprende del estudio "Los efectos económicos en el sector de la hostelería de la nueva ley antitabaco en España", presentado este viernes por el director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Juan Iranzo, junto al adjunto a la Presidencia de la Federación Española de Hostelería (FEHR), José Luis Guerra.
Ambos defendieron que, en el actual momento de crisis económica, la prohibición total de fumar en establecimientos hosteleros "no es oportuna" y hará un grave daño al sector.
De hecho, Guerra consideró que habrá empresarios que optarán por infringir la ley y pagar una sanción, "antes que arruinarse".
El portavoz de la federación hostelera se mostró a favor de modificar la ley actual, ampliando las zonas para no fumadores en los establcimientos.
En concreto, propuso que en todos los locales, incluidos los de menos de 100 metros cuadrados, se tenga que optar entre ser "espacio sin humo" o bien habilitar un apartado para fumadores, separado con tabiques, que suponga un 30% del establecimiento. "Pero estamos en contra de la prohibición total, que genera cuantiosas pérdidas y no respeta la libertad ni del empresario ni del consumidor", dijo.
Asimismo, arremetió contra la actitud de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que "pretende darnos lecciones de gestión empresarial" y argumenta que la nueva norma "reportará beneficios a la hostelería, en vez de pérdidas".
En el Gobierno, añadió, "se han cuidado mucho de que los ingresos fiscales no vayan a sufrir merma", con la subida impositiva aprobada la semana pasada. "Se prohíbe fumar, pero se garantiza y amplía la oferta de puntos de venta", añadió, Guerra.
A su juicio, "la economía sólo parece que importa cuando es la del Estado y la de Hacienda, no cuando afecta a un conglomerado de 350.000 pymes, representativas del 7% del PIB", dijo.
Guerra defendió la necesidad de proteger de los efectos del tabaco a menores, no fumadores y trabajadores de la hostelería. En este último caso, abogó por crear zonas de "autoservicio", a las que no accedan los camareros, en los locales con zona de fumadores.
INCONGRUENCIA
Por su parte, Juan Iranzo criticó la incongruencia que entraña, en su opinión, el hecho de que el Ejecutivo prohíba fumar, por un lado, y no prohíba el tabaco, por otro.
Se posicionó a favor de la libertad empresarial y en contra del "intervencionismo" del Gobierno. Desde su punto de vista, para actuar sobre la demanda la solución no es prohibir, sino la política fiscal y las campañas informativas.
"Hay que compatibilizar los derechos de los no fumadores con los de los fumadores y con los de los empresarios", dijo.
Asimismo, manifestó que el endurecimiento de esta norma es "una radicalización", ya que sólo en cuatro países europeos se han tomado medidas similares (Reino Unido, Irlanda, Chipre y Grecia) y en algunos, como Grecia, se ha tenido que recular. "Nos lo han vendido como que es la homologación con Europa, pero es un prohibicionismo excepcional", consideró.