Madrid, 7 mar.- El Gobierno ha aprobado hoy una reforma de la ley concursal que será clave para la recuperación económica de España, pues servirá para mantener miles de empleo y salvar un gran número de empresas viables pero con un ingente volumen de deuda que hasta ahora ponía en juego su continuidad.
La deuda de las empresas españolas cerró 2013 en 1,3 billones pero, según las primeras estimaciones del Ministerio de Economía, podría reducirse al menos un 10 %, unos 130.000 millones, gracias a la reforma de la ley concursal aprobada hoy por decreto ley.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se trata de "una norma que nace para asegurar el futuro de las empresas y evitar soluciones de insolvencia", pues se fomentan los acuerdos de refinanciación con el fin de evitar entrar en concurso.
Así con los acuerdos entre empresas y acreedores podrá haber quitas, capitalización de deuda y aplazamientos.
Además, en los acuerdos individuales de refinanciación se podrá llegar a pactos individuales con uno o más acreedores, siempre que mejoren el patrimonio del deudor y sin que haya necesidad de contar con mayorías de pasivo. Estos pactos solo serán rescindibles por el juez a instancia de la administración concursal.
Por otro lado, los acuerdos colectivos de refinanciación se simplifican, ya que se elimina la exigencia de un informe de experto independiente, que será sustituido por una certificación del auditor de cuentas, que acredite las mayorías de pasivo exigidas para alcanzar el pacto.
En el caso de acuerdos colectivos de refinanciación homologados judicialmente será más sencilla la intervención judicial, en tanto que la mayoría exigida para lograr el acuerdo pasa del 55 % al 51 %.
Como novedad, en los préstamos sindicados, se entiende que los acreedores prestamistas suscriben el acuerdo de refinanciación cuando vote a favor el 75 % del pasivo representado por el préstamo.
Bastará con el apoyo de un 60 % para aplazamientos de la deuda de hasta 5 años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo.
Para el caso de esperas entre 5 y 10 años será necesario la aprobación del 75 % de los acreedores, la misma proporción para aplicar quitas o capitalizar la deuda.
Según fuentes del Ministerio de Economía, no podrán aplicarse quitas en las deudas con Hacienda o la Seguridad Social, igual que estos dos acreedores tampoco podrán entrar en el capital de las compañías.
Por otro lado, en cuanto se inicien las negociaciones con los acreedores, se paralizarán las ejecuciones de bienes por un plazo máximo de 4 meses desde la comunicación del deudor.
Respecto al "dinero nuevo", con carácter extraordinario y temporal, las inyecciones que se hagan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor del texto a la hora de refinanciar una compañía, tendrán preferencia de cobro frente al resto de deudores en el caso de que se llegue al concurso.
Para incentivar que haya un gran número de acuerdos, la banca podrá liberar provisiones por los préstamos concedidos, para lo que el Banco de España fijará en el plazo de un mes reglas homogéneas para mejorar la calificación de la deuda subsistente tras el pacto.
Otra de las novedades es que ya no será obligatorio lanzar una opa cuando se supere el 30 % de una compañía como consecuencia de un acuerdo de refinanciación homologado judicialmente, lo que no quita para que al final tenga que hacerlo si posteriormente decide elevar su participación voluntariamente.
Fuentes de la patronal bancaria AEB consideran que las medidas aprobadas pueden ser positivas para la economía española y se muestran dispuestos a colaborar y a asumir, "una vez más", mayores compromisos a través de quitas de deuda, capitalización de la misma y otras fórmulas de refinanciación contempladas en esta iniciativa. EFE
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