El reto catalán pasa factura: el Gobierno reduce tres décimas la previsión del PIB

  • El Ejecutivo baja del 2,6% al 2,3 % el crecimiento del PIB para 2018 por la crisis catalana, la moderación económica y la ausencia de Presupuestos
Nuevas previsiones macroeconómicas (octubre)
Nuevas previsiones macroeconómicas (octubre)

La crisis política catalana, consecuencia del desafío independentista, ya pasa factura de forma importante a la economía española y su impacto tiene reflejo en las previsiones macroeconómicas para el próximo año. Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se ha visto forzado a reducir en tres décimas la previsión de crecimiento de 2018, que pasa del 2,6% al 2,3%, debido a la incertidumbre asociada a la situación en Cataluña, la moderación del ciclo económico y la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, también consecuencia del reto soberanista que ha provocado la falta del apoyo a las cuentas del Partido Nacionalista Vasco.

Así figura en el nuevo plan presupuestario que el Ejecutivo ha remitido este lunes a Bruselas, en el que, en términos del cuadro macroeconómico, incorpora un escenario a política constante, por lo que no contempla cambios de política económica y recoge unas "proyecciones prudentes".

Las nuevas previsiones incorporan una "ligera desaceleración económica, en línea con lo que anticipan los principales organismos nacionales e internacionales, pero que también tienen en cuenta una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo sobre asociada a la actual situación política en Cataluña", explica el Ejecutivo.

Menos crecimiento y más paro

El Gobierno contempla que cerraremos el año con un avance del PIB mayor de lo previsto. Nuestra riqueza crecerá al 3,1%, una décima más de lo calculado en abril. Será un crecimiento sólido e intensivo en creación de empleo.

La falta de unas Cuentas públicas para el año que viene, la contención de la demanda interna a causa de Cataluña y la desaceleración global prevista se traducirán en una rebaja moderada de las perspectivas de crecimiento de cara a 2018 y en un empeoramiento de las de paro y déficit.

El PIB avanzará entonces un 2,3%, tres décimas menos de lo estimado previamente. Ese menor avance supondrá que el empleo crecerá a menor ritmo, al 2,4%, frente al 2,9% al que lo hará este año. Se crearán 420.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, algo menos de los 500.000 previstos para este ejercicio. Así, la tasa de paro se reducirá al 17,2% este año (dos décimas más de lo calculado en el anterior cuadro macroeconómico) y al 15,5% el próximo, por lo que el año próximo bajará una décima menos de lo estimado inicialmente. 

Incumpliremos el déficit por una décima

Las peores perspectivas de PIB y empleo impedirán a España ajustarse al déficit pactado con Bruselas el año que viene. El agujero de las cuentas públicas se situará en el 2,3%, una décima por encima de lo comprometido. Si bien, reducir nuestro desequilibrio a este nivel permitirá a España salir del procedimiento de déficit excesivo y, por tanto, del control de las autoridades comunitarias.  

Esta nueva previsión de déficit para 2018 se distribuye por administraciones entre el Estado (0,8%), la Seguridad Social (1,1%) y las comunidades autónomas (0,4%). Este año, sin embargo, España sí será capaz de ceñirse  a la meta del 3,1% comprometida. 

Las Cuentas de 2018, en fase 'muy avanzada'

El Gobierno aclara a Bruselas que la previsión de déficit se ha efectuado descontando el impacto del ciclo estimado para 2018 al desequilibrio de las administraciones públicas previsto para 2017. Esto implica que en cuanto se aprueben los Presupuestos para 2018, el Ejecutivo dará a conocer las medidas necesarias para cumplir el escenario de déficit.

De momento, las Cuentas de 2017 se prorrogarán de forma automática el año que viene hasta que se aprueben unos nuevos Presupuestos. El Gobierno confiaba en lograr los mismos apoyos que recabó para sacar adelante los de este año. Sin embrago, la tensión con Cataluña ha complicado las negociaciones, sobre todo, con el PNV. La prórroga impedirá, entre otras cosas, poner en marcha la subida prevista al sueldo de los funcionarios y supondrá, además, que las pensiones se actualizan un 0,25%. 

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