Las agencias de calificación se quejan por nuevas reglamentaciones en EE.UU.

Washington, 27 jul.- Las mayores agencias calificadoras de riesgo, cuyo próximo diagnóstico sobre EE.UU. podría encarecer en 100.000 millones de dólares la deuda nacional, indicaron hoy al Congreso que las nuevas reglamentaciones impuestas tras la crisis financiera de 2008 amenazan la integridad de sus análisis.

El escenario fue una audiencia del Subcomité de Supervisión e Investigación, en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, convocada para estudiar cómo una reforma del sistema financiero promulgada el año pasado ha mejorado o empeorado los trabajos de las agencias calificadoras de crédito.

La audiencia tiene lugar cuando falta menos de una semana para que Estados Unidos caiga en una moratoria de su deuda de 14,3 billones de dólares, a menos que el Congreso apruebe un incremento de la capacidad de empréstito nacional.

Una mengua en la calificación de crédito de Estados Unidos podría agravar el problema, al hacer subir las tasas de los bonos del Tesoro entre seis y siete décimas de punto porcentual.

Terry Belton, director de estrategia en J.P. Morgan, ha calculado que eso añadiría unos 100.000 millones de dólares al año a los intereses de la deuda estadounidense.

Las mayores agencias calificadoras de crédito, Moody's y Standard & Poor, ya han puesto bajo vigilancia con perspectiva negativa la excelente calificación AAA que ha tenido por casi un siglo la deuda nacional de Estados Unidos.

"En una economía global en la cual calificamos a más de 120 gobiernos soberanos, es particularmente importante que los métodos de calificación no queden sujetos a la influencia de uno o más países que busquen beneficiar su propia calificación", dijo en la audiencia el presidente de S&P, Deven Sharma.

Tal cosa "socavaría la independencia, comparabilidad y valor de las calificaciones para todos", añadió Sharma.

En la audiencia también participaron el gerente global de Moody's Investors Service, Michael Rowan; el ejecutivo principal de Rapid Ratings, James Gallert, y el presidente de la agencia calificadora Kroll Bond Rating, Jules Kroll.

Las reglamentaciones impuestas por el Congreso en 2010 son resultado de las optimistas calificaciones de crédito que esas mismas agencias otorgaron a grandes corporaciones financieras, engañando a los inversionistas sobre la situación real de las empresas.

Las críticas contra estas agencias son múltiples. Se les reprocha que demasiado pocas, que incurren en conflicto de intereses (cobran de las empresas a las que califican) y que aplican métodos de evaluación poco transparentes.

El ex secretario de Trabajo, Robert Reich, en una entrevista con el diario The Wall Street Journal, comentó: "¿Quiénes son Standard & Poor para decirle a Estados Unidos cuánta deuda debe cancelar para mantener su calificación de crédito?".

La relevancia de las evaluaciones hechas por estas agencias es asunto crucial para los legisladores estadounidenses, enzarzados desde hace semanas en un debate contrarreloj acerca del endeudamiento de Estados Unidos y su abultado déficit fiscal.

Las evaluadoras Moody's, Fitch y Standard & Poor han indicado que rebajarán la calificación de Estados Unidos a menos que las negociaciones entre el Congreso y el poder ejecutivo resulten en cortes de tres o cuatro billones de dólares en el déficit fiscal a lo largo de la próxima década.

El representante republicano de Pennsylvania, Mike Fitzpatric, dijo que "lo que está en juego es la confianza plena y el crédito de Estados Unidos".