Las diputaciones vascas defenderán hoy en Luxemburgo las "vacaciones fiscales"

Bruselas.- Las tres diputaciones forales vascas defenderán hoy ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) las ayudas que concedieron en la década de los noventa a empresas de nueva creación, conocidas como "vacaciones fiscales", después de que fueran consideradas ilegales en primera instancia.

Los representantes legales de los gobiernos provinciales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa reclamarán la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de septiembre de 2009 contra las medidas fiscales vascas, en una vista oral en la sede de la máxima instancia judicial europea en Luxemburgo.

Esta vista se centrará en una de las tres medidas fiscales consideradas ilegales: la exención fiscal del impuesto de sociedades concedida a las empresas constituidas en 1993 y 1994 en el País Vasco durante sus primeros diez años de vida, siempre que invirtiesen más de 480.810 euros y generasen al menos diez empleos.

Los procedimientos sobre las otras dos medidas fiscales puestas en marcha en el País Vasco para hacer frente a la crisis económica de los 90 -los créditos fiscales y las "minivacaciones fiscales"- están aún pendientes de fecha en los tribunales comunitarios.

Las sospechas sobre la posible ilegalidad de las medidas llegaron a la Comisión Europea (CE) en 1994 y, tras años de procedimientos judiciales, en 2001 el Ejecutivo de la UE consideró que eran incompatibles con el mercado común y ordenó a España que las suprimiera y que recuperase las ayudas.

En 2008, se celebró un juicio en el Tribunal de Primera Instancia de la UE sobre las "vacaciones fiscales" tras los recursos de las diputaciones forales y de la patronal vasca Confebask contra las decisiones de la Comisión Europea.

La resolución del Tribunal Europeo confirmó el 9 de septiembre de 2009 la ilegalidad de las medidas.

Los gobiernos forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa recurrieron esta resolución ante el Tribunal de Justicia de la UE, que escuchará mañana las alegaciones de las partes.

La CE, que como parte afectada estará presente en la vista, anunció en noviembre su intención de solicitar al Tribunal la imposición a España de una multa millonaria por considerar que no se han recuperado la totalidad de las ayudas concedidas.

Bruselas estimó que la multa ascendería a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.

Fuentes comunitarias confirmaron que esta petición aún no ha llegado al Tribunal ya que los servicios jurídicos de la Comisión continúan trabajando en ella.

Está previsto que acudan a la vista una delegación de la diputación foral de Vizcaya, encabezada por el responsable de Hacienda, José María Iruarrizaga, y otra en nombre de la institución foral de Álava, liderada por el encargado de Hacienda, José Luis Cimiano, y el director de ese Departamento, Josu Zubiaga.

El gobierno de La Rioja, que también participa en el proceso del lado de la CE, estará representado por el consejero de Administraciones Públicas, Conrado Escobar, quien defenderá la sentencia que declaró las ayudas vascas ilegales.

Una vez celebrada la vista, el Tribunal podrá tardar varios meses en pronunciar sentencia. Estos procedimientos suelen tardar más de 15 meses de media desde la presentación del recurso, que en este caso se produjo en noviembre de 2009, señalaron fuentes de la UE.