Las guerras políticas podrán bloquear la gestión de Barajas y El Prat

  • El nuevo modelo de gestión aeroportuaria promete generar más de un conflicto. Un nuevo enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre, como los que protagonizaron en Caja Madrid, o un desencuentro entre el presidente de una Comunidad y el Gobierno, podrían bloquear decisiones claves para el funcionamiento de Barajas y El Prat, debido al reparto de poderes que ha diseñado el Ejecutivo en estos activos estratégicos.
Beatriz Toribio/Ruth Ugalde

Con el nuevo modelo de gestión aeroportuario que el Gobierno quiere poner en marcha en esta legislatura, los grandes aeropuertos, como Barajas o El Prat, estarán dirigidospor unas sociedades en cuyos Consejos de Administración se sentarán representantes del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y de las Cámaras de Comercio. Un reparto de poderes que no satisface a los nacionalistas catalanes, pero sí al PP, ya que el Estado mantiene el control sobre los aeropuertos, al reservarse la mayoría en dichos órganos de administración.

Este peso del Gobierno central echa por tierra las aspiraciones de la Generalitat de controlar El Prat  y abre la puerta a que se creen conflictos como el vivido en Caja Madrid, donde las diferencias entre Alberto Ruíz Gallardón, alcalde de la capital, y Esperanza Aguirre, presidente de la Comunidad, ha tenido paralizada la cúpula de la entidad durante meses, debido a ese extraño juego de equilibrios entre todos los agentes políticos. Como pretende hacer ahora el Gobierno con los aeropuertos.

El plan presentado ayer por el ministro de Fomento, José Blanco, establece que se requerirá mayoría cualificada (dos tercios del total) para adoptar decisiones estratégicas, con el fin de dar poder a la representación autonómica y local. Y aquí está el punto donde podría pillarse los dedos. Por ejemplo, un nuevo desacuerdo entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón podría hacer imposible que se alcanzara esa mayoría cualificada a la hora de adoptar decisiones claves relacionadas con la gestión del aeropuerto.

Pero hay otro ejemplo donde el bloqueo de decisiones relacionadas conla gestión de un aeropuerto es más evidente: las diferencias entre laex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, yEsperanza Aguirre por la prolongación del la línea 8 del Metro deMadrid a la Terminal 4 de Barajas. Una ‘pelea’ de este calado entre Gobierno y Comunidadpodría provocar, tal y como se ha planteado hasta ahora, que el futuroConsejo de Administración de la sociedad que gestionaría Barajas seviera en la incapacidad de adoptar decisiones importantes, como son lasinversiones en infraestructuras para el funcionamiento del aeropuerto.

El problema de los bloqueos

“El modelo que ha presentado José Blanco es malo porque es un modeloque facilita los bloqueos, lo que lo hace ineficaz e ineficiente”asegura el diputado Pere Macías, de CiU, formación que rechaza el nuevoplan de Fomento, porque no permite una “gestión individualizada” de losaeropuertos. Son muchos los que temen que el mayor poder que el Estado ofrece ahoraa las Comunidades Autónomas en la gestión de los aeropuertos va a traer“batallas políticas”, que a la larga alejarán al capital privado.

Desde el Ministerio de Fomento se ve “difícil” este eventual escenario, ya que el Estado cuenta con la representación mayoritaria, pero también se reconoce que no es imposible. Y es que el Gobierno ha vendido que el papel de las Comunidades Autónomas en el nuevo modelo será decisivo, ¿tanto cómo para bloquear decisiones estratégicas por enfrentamientos políticos? Ahí está la gran duda.

Todo dependerá de cómo se reglamente por ley dicha mayoría cualificada del Estado en los nuevos Consejos de Administración, donde también se podría dar cabida al sector privado, según avanzó ayer el ministro en una conversación informal con periodistas.

Sin embargo, los inversores naturales de este tipo de proyectos parecen poco o nada interesados en respaldar este modelo tal y como está actualmente diseñado. Los grupos de infraestructuras españoles -Abertis, Ferrovial, Sacyr, OHL, ACS, FCC, Acciona o Isolux- son los principales candidatos a hacerse con el 30% del capital de Aena que el Gobierno quiere ceder a manos privadas y también los posibles invitados a los Consejos de Administración de los mayores aeropuertos.

El problema es que estas empresas no son hermanitas de la caridad, sino grandes grupos que buscan rentabilizar siempre sus inversiones y, por tanto, allí donde meten su dinero quieren tener el control sobre la gestión. Algo prácticamente imposible con el modelo que ha diseñado Blanco.

Patada hacia delante

"Las empresas de infraestructuras no son compañías financieras, para eso están los bancos", señala el portavoz de una gran compañía del sector. No obstante, también reconoce que Blanco se está sentando con todo el mundo y está escuchando a todas las partes, algo que impide a las empresas cerrar definitivamente la puerta al plan de Fomento.

"Lo que se presentó ayer es un modelo de cambiar, para no cambiar nada. En el fondo, lo que está haciendo Blanco es un guiño a todas las partes y dejar la puerta abierta a todo tipo de cambios y adaptaciones en el futuro", señala otra fuente empresarial.

Lógico, porque ahora no parece ser el mejor momento para embarcarse en esta aventura. Primero, porque el actual momento de crisis supondría para el Estadodejar de ingresar hasta un 60% por la venta de Aena. Y segundo, porque la gestión del Prat sigue siendo una moneda de cambio para negociar con los nacionalistas catalanes. Ahora, el Gobierno no la necesita, porque acaba de aprobar los presupuestos, por tanto, viene mejor reservarla para mejores momentos futuros.

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