Las organizaciones de consumo apoyan la decisión del gobierno de no subir el iva

Las organizaciones empresariales de la cadena agroalimentaria, comercio, distribución y hostelería valoraron positivamente este martes la intención manifestada por el Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos, y rechazaron la recomendación del FMI y la Comisión de subir esta imposición, puesto que consideran que no sopesa el “impacto negativo” sobre consumidores y empresas.
Así lo señalaron en una nota de prensa las organizaciones FIAB, Aecoc, Anged, ACES, Asedas, CEC, FEHR, Fehrcarem, Cooperativas Agro-Alimentarias, y Promarca, en la que instaron a los organismos internacionales a que consideren los “esfuerzos” y “ajustes” que la sociedad española ha realizado.
En este sentido, pidieron que tengan en consideración la realidad económica de España y del empresariado para “evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional”.
Asimismo, el sector del consumo señaló que aunque las muestras de recuperación económica “siguen siendo tímidas”, las organizaciones internacionales “no son conscientes de las reformas que se han llevado a cabo” ni tienen en cuenta que “las características socioeconómicas de España no se asemejan a las del resto de países vecinos”.
A este respecto, recordaron que las consecuencias de la subidas del IVA en los años 2010 y 2012 constataron una caída media del consumo en tasa interanual en los seis mees siguientes del 6,7%, por lo que podría poner “en peligro” la recuperación económica y el empleo.
Como solución para incrementar los ingresos del Estado, ven “urgente” garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal que representa entre el 18,6% y el 22,8% del PIB.
Según sus cálculos, una reclasificación del IVA del 10% al 21% podría reducir un 9,3% la renta disponible de sus hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones, mientras que de aplicarse el cambio de un IVA reducido al 21%, el consumidor podría enfrentarse a un gasto anual adicional de entre 600 y 800 euros.