Las plataformas de ‘crowdfunding’ tendrán un límite de dos millones de captación por proyecto


El nuevo proyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial aprobado este viernes por el Gobierno fija un límite máximo de captación de dos millones de euros por proyecto a las plataformas de ‘crowdfunding’, si bien podrán desarrollar varios proyectos.
Las plataformas tendrán que contar con un capital social inicial será de 60.000 euros al no ser un “obstáculo elevado” sino una cantidad “razonable” al ser el capital mínimo de acceso al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según informaron fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad.
En cualquier caso, se plantea la alternativa de un seguro de responsabilidad civil por los “posibles” daños que podría ocasionar a su actividad, aunque la intención de la normativa es “no poner demasiadas trabas” pero sí “dar seriedad al sector” pues “es necesario que la industria arranque con cierta solidez”.
El objetivo de la norma es tratar de equilibrar una protección “razonable” del inversor y dar un “puerto seguro” a esta nueva estructura de financiación, para lo que se ha habido un diálogo “intensísimo” con la industria. “La voluntad básica es no llegar tarde en la regulación y que no sea la de otros países la que predomine”, reconocieron las mismas fuentes.
Por otra parte, respecto a las medidas relacionadas con el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que también recoge el proyecto de ley, se establece la obligación de que las empresa con una capitalización de 500 millones de euros durante seis meses procedan a la transición hacia el mercado organizado.
De igual forma, la norma establecerá la obligatoriedad de que las entidades de crédito ofrezcan preavisos de al menos tres meses a las pymes cuya financiación vaya a resultar cancelada.
Este preaviso deberá ir acompañado de información financiera a la pyme, como es el rating, el historial crediticio que la entidad deberá entregar “gratuitamente” y cuya metodología será elaborada por el Banco de España.
El proyecto se ha remitido ya a la Cortes para su tramitación y incentivar la fluidez del crédito en el marco de la reestructuración financiera aprobada por el Gobierno en esta legislatura, cuyo último “escalón” es el proyecto de Ley de resolución bancaria que se remitirá probablemente a las Cortes “antes de final de año”.

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