Las protestas por los recortes marcan el regreso de los inspectores a Atenas

Adriana Flores Borquez

Atenas, 28 sep.- Una nueva serie de huelgas y paros contra las políticas de recortes marcó hoy el anuncio del regreso a Atenas de los inspectores de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), encargados de verificar que Grecia está cumpliendo sus compromisos de ahorro.

Tres semanas después de que los expertos internacionales abandonaran Grecia por la falta de avances en la aplicación de esa política de austeridad, la UE anunció hoy que las negociaciones con el Gobierno griego se reanudarán mañana, una vez que Atenas ha mostrado su disposición a meter más la tijera al gasto público.

Los representantes de la "troika" formada por la UE, el FMI y el Banco Central Europeo (BCE) revisarán los detalles de un programa que abarca desde este año hasta 2014, con fechas y medidas concretas, cuyo primer objetivo es rebajar el déficit fiscal desde el 10,5 por ciento de 2010 hasta el 7,6 por ciento este año.

Ese plan contempla eliminar 150.000 funcionarios, los primeros 30.000 ya este año, que se sumarían a los 170.000 empleados del Estado que han perdido su trabajo en los dos últimos años mediante prejubilaciones o no renovación de contratos temporales.

La rebaja de las pensiones y sueldos públicos, el aumento de los impuestos, la privatización de empresas o la liberalización de profesiones forman parte también de esta estrategia para reducir la enorme deuda que arrastra el país mediterráneo.

Ya anoche, el Parlamento heleno aprobó con una apurada mayoría de 155 votos a favor y 142 en contra un impuesto extraordinario sobre la propiedad inmobiliaria.

Durante los próximos cuatro años, todos los propietarios de viviendas, independientemente de su situación económica o laboral, tendrán que abonar una tasa que se espera aporte este año 2.000 millones de euros.

Unos ingresos extras para cubrir un agujero presupuestario de 1.700 millones que alejaba al país del objetivo de déficit para este año.

Este impuesto ha sido muy contestado en la calle e incluso ha generado malestar en el propio Pasok, el partido socialdemócrata del primer ministro, Yorgos Papandréu.

Pese a que los diputados gubernamentales mantuvieron ayer la disciplina de voto, el propio vicepresidente del Gobierno, Teodoros Pangalos, criticó hoy la nueva tasa y denunció que se ha llegado al límite del pago de impuestos y que él mismo tendrá problemas para pagar ese gravamen.

"Yo no puedo pagar el impuesto de unos 7.500 euros", dijo Pangalos en una entrevista hoy en el canal ateniense "Mega".

Respecto al resto de medidas de ahorro que aún deben ser aprobadas por el Parlamento, Papandréu tiene previsto celebrar mañana un consejo de ministros para revisar esos proyectos de leyes.

En la agenda está el alquiler o venta de propiedades y empresas estatales, que tendrían que aportar a las maltrechas arcas griegas unos 50.000 millones de euros hacia 2015.

También tiene que superar aún el trámite parlamentario el pase a la "reserva" de 30.000 funcionarios, el recorte de sueldos y la rebaja en un 20 por ciento de las pensiones de más de 1.200 euros y en un 40 por ciento de las pagas a los jubilados con menos de 55 años.

Como reacción a esas políticas, Grecia vivió hoy su enésima huelga, protagonizada hoy por los trabajadores del transporte público y los funcionarios de Hacienda y Aduanas.

El metro, los autobuses, el tranvía y los trenes de cercanía quedaron hoy parados en Atenas, sin ningún tipo de servicios mínimos, en una huelga para protestar contra los despidos y la fusión de las empresas del sector.

Ante la falta de transporte público, los atenienses recurrieron en masa al vehículo privado, lo que provocó embotellamientos de hasta cinco kilómetros en las principales avenidas de la ciudad.

La participación de los taxistas en el paró afectó especialmente al turismo, un sector que aporta el 20 por ciento del PIB griego.