Los altos funcionarios llevan el tijeretazo al Constitucional

  • Los 32 cuerpos superiores de la Administración, agrupados en Fedeca, ultiman una lluvia de recursos contra el plan de ajuste presentado por el Gobierno, que prevén elevar hasta el Constitucional con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido con el tijeretazo.
R. Ugalde

Los propios abogados del Estado están preparando una lluvia de recursos conta el tijeretazo. Este colectivo, junto a otras 31 asociaciones de altos funcionarios de la Administración, agrupadas en la patronal Fedeca, prevé elevar hasta el Constitucional estos recursos, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido con el plan de ajuste.

En concreto, su estrategia se desarrollará por dos vías. Una primera es el recurso proforma que van a enviar a su 20.000 asociados para que éstos puedan presentar un recurso individual a partir de junio, cuando ya habrán sufrido el primer recorte en sus nóminas.

La segunda vía consiste en presentar un recurso colectivo a través de Fedeca, que se presentará ante los tribunales contencioso-administrativos. Éste pondrá en cuestión la constitucionalidad de la norma aprobada por el Gobierno y, por tanto, según la estrategia diseñada por los altos funcionarios, serán los propios tribunales quienes eleven la cuestión al Constitucional.

"Esta medida no va a tener efectos ahora, ya que cualquier fallo se retrasará un mínimo de dos años", señala Rafael Coloma, portavoz y vicepresidente de Fedeca. Pero, si consiguen una sentencia en su favor, como dicen estar seguros de lograr, "se volverá a subir el sueldo a todos aquellos que hayan presentado un recursos, más los intereses devengados", añade Coloma.

Entre los argumentos que esgrimirán los altos funcionarios para declarar inconstitucional el tijeretazo destaca que "el Real Decreto está mal hecho jurídicamente", apunta el portavoz de Fedeca. Entre otros puntos, por cómo se modifican los presupuestos y por romper el convenio colectivo sellado hace seis meses con los sindicatos de funcionarios y que está protegido por el Estatuto Básico del Empleado Público.

Para defender los recortes, el Estado puede justificarcuestión de urgencia, aunque desde Fedeca rechazan que esta defensa vaya a sostenerse, porque dicen que no está bien justificada. La guerra judicial esta abierta: El Estado contra sus abogados.

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