Los años más difíciles para los ayuntamientos

Madrid.- La crisis, la deuda con los proveedores, la imposibilidad de recurrir al endeudamiento y el descenso de la recaudación convertirán este ejercicio y 2011 en los dos años más difíciles para los ayuntamientos, que en su mayoría han tenido que reducir las inversiones para evitar el colapso de sus arcas.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, 29.253 millones corresponden a los ayuntamientos, y de ellos, 14.779 a los de las capitales de provincia, según los últimos datos del Banco de España.

Madrid, con 7.145 millones, es la capital más endeudada, muy por delante de Valencia, (862), Barcelona (794), Zaragoza (760), Málaga (712) y Sevilla (519 millones).

Diez de los principales ayuntamientos del país han respondido a preguntas de Efe sobre este asunto. El resultado refleja algunas diferencias entre consistorios, pero también que la crisis no ha pasado de largo en el ámbito local.

En cualquier caso, una coincidencia de todos: la demanda unánime de un nuevo modelo de financiación que, entre otras cosas, permita la suficiencia financiera y medios para poder cubrir lo que denominan competencias "impropias".

LA CAPITAL, LA MÁS ENDEUDADA

El Ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón es uno de los que no podrán solicitar más créditos, de acuerdo a las normas establecidas por el Ejecutivo central.

Desde el Gobierno municipal se admite que la situación es la peor de su historia, aunque no se culpa a un endeudamiento que se considera "absolutamente asumible", sino a la decisión del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de impedirle la refinanciación de su deuda y de no aplicar la ley que aprobó una línea de créditos ICO para el pago a proveedores.

Corregir ambas situaciones es lo que demanda el Ayuntamiento -la primera se la pidió explícitamente el alcalde al presidente del Gobierno en pleno desfile del 12 de octubre- para aliviar sus problemas financieros, además de un modelo de financiación local estable.

El pago a proveedores es el aspecto más preocupante para el Gobierno municipal, ya que han sido varias las patronales que han amenazado con no pagar las nóminas de sus plantillas si el Ayuntamiento no les abona lo que les debe: unos 250 millones de euros en conjunto, con unos plazos de demora que ya alcanzan los 10 meses.

BARCELONA: MÁS DEUDA PARA GARANTIZAR UN BUEN NIVEL DE INVERSIÓN

La situación del Ayuntamiento de Barcelona es mucho menos grave que la de Madrid. Su deuda alcanza los 794 millones de euros y el pago a proveedores se produce al mes siguiente de contabilizar la factura.

Para 2011, el equipo que dirige Jordi Hereu tiene previsto endeudarse con 240 millones de euros, lo que le permitirá garantizar "un buen nivel de inversión".

No obstante, el Consistorio catalán reconoce que 2010 ha requerido, "con más intensidad que nunca", un gran rigor presupuestario.

Desde la Ciudad Condal se pide al Gobierno que tramite la reforma de la financiación local para tener un modelo estable, transparente y previsible que permita a las corporaciones locales hacer planes a largo plazo.

SEVILLA: LÍNEAS DE 'CONFIRMING' PARA QUE LOS PROVEEDORES COBREN

Su Ayuntamiento ha dejado de ingresar 50 millones de euros debido a la menor recaudación de impuestos y la reducción en la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), por lo que ha tenido que disminuir el gasto corriente, pero sin merma en las políticas sociales.

También, y para atender las inversiones, se ha endeudado este año en 24,6 millones y espera la decisión de Hacienda para poder hacerlo en 2011.

A pesar de que su demora en los pagos no es significativa, Sevilla ha puesto en marcha una línea de "confirming" con un banco para que el proveedor que lo desee cobre en menos de un mes.

BILBAO: UNA DEUDA "SIMBÓLICA"

En el Ayuntamiento de Bilbao opinan que, a falta de cerrar los datos de 2010, parece que 2009 fue el ejercicio en que más se notó la crisis, que afectó sobre todo al recorte de los ingresos derivados de la recaudación de impuestos.

En este Consistorio los pagos a proveedores, aseguran, se hacen "en tiempo y forma, cumpliendo con la normativa vigente" y explican que tienen capacidad de endeudamiento porque la deuda es "simbólica".

"Creemos que es importante adecuar el gasto a la capacidad actual y condicionar posibles operaciones de préstamo a proyectos de inversión fundamentales para la ciudad", aseguran desde el Ayuntamiento, que pide al Gobierno medios económicos suficientes para cubrir las competencias impropias.

ZARAGOZA: PREPARADA PARA SALIR "ANTES Y MEJOR" DE LA CRISIS

Zaragoza ha invertido en un lustro lo equiparable a 25 años de inversiones ordinarias, dice su equipo de Gobierno. Y aunque es la hora ajustarse el cinturón, las políticas llevadas a cabo en los últimos años ha preparado a Zaragoza para "salir antes y en mejores condiciones".

En torno a 80 días tarda su Ayuntamiento en pagar a los proveedores, pero ve posible que este plazo de demora crezca.

Quiere el Consistorio que el Gobierno central permita a los municipios financiar las inversiones de los planes plurianuales ya iniciados y que puedan endeudarse como lo han hecho hasta ahora.

MÁLAGA: SOLVENCIA QUE NO PERMITE MÁS ENDEUDAMIENTO

De "muy buena" califica el Ayuntamiento de Málaga su situación financiera, que le permite pagar a sus proveedores a 2,3 meses.

No obstante, su "solvencia" no le permitirá endeudarse más, porque su nivel de endeudamiento (93 por ciento) también supera el 75 por ciento.

Por ello, sus responsables han planteado en varias ocasiones que aunque superen el 75 por ciento, puedan demostrar a través de un certificado de interventor u otro medio que son solventes y están al corriente de todos los pagos para poder endeudarse

VALLADOLID: UN AYUNTAMIENTO CON LIQUIDEZ QUE "NO DEBE UN DURO"

Los proveedores deben estar contentos con el Ayuntamiento de Valladolid, porque, según fuentes municipales, no tiene problemas de liquidez, "no debe un duro absolutamente a nadie" y paga en tiempo y forma.

Si el Gobierno no flexibiliza la norma vigente, Valladolid no podrá endeudarse, ya que en los próximos días emitirá deuda por valor de 72 millones y alcanzará un nivel de endeudamiento del 93 por ciento de los ingresos corrientes, por lo que supera el límite máximo del 75 por ciento que fija Economía.

OVIEDO: EL PEOR AÑO

Al igual que en Madrid, en el Ayuntamiento de Oviedo creen que 2010 es el año que han tenido mayores dificultades presupuestarias y, aunque aseguran que no tienen dificultades para el pago a proveedores, señalan que la demora con que se está haciendo estos pagos es de 75 días.

En cualquier caso, reclaman del Gobierno "más respeto institucional" para aliviar la situación financiera de los ayuntamientos.

SANTANDER: UN ESFUERZO DE REDUCCIÓN DE DÉFICIT NO COMPENSADO

Gracias al esfuerzo de austeridad realizado por el equipo que dirige Íñigo de la Serna, el endeudamiento del Ayuntamiento de Santander se ha reducido en un 14 por ciento, pero su tasa supera el 75 por ciento del límite permitido.

Santander está atendiendo sus obligaciones de pago con normalidad y sin demora, pero pide a Zapatero que cumpla su compromiso "inaplazable" de reforma del sistema de financiación local y no lo dilate más.

Cree el equipo municipal que el Gobierno central pretende que los ayuntamientos sean la administración sobre la que caigan "los platos rotos" de la crisis y de "su mala gestión".

PALMA: MENOS DINERO PARA 2011

Los responsables del Ayuntamiento de Palma califican el ejercicio de 2010 como "muy complicado" desde el punto de vista de la ejecución del presupuesto y apuntan que las cuentas para 2011 deberán seguir con la "línea de austeridad".

Sobre el pago a proveedores, el Consistorio, al igual que Sevilla, ha instrumentado líneas de "confirming" con diversas entidades de crédito que permiten que los proveedores puedan obtener en condiciones financieras muy ventajosas el cobro de sus facturas. En los restantes casos el pago se efectúa entre los 3 y 4 meses.

Palma es uno de los ayuntamientos que podrá endeudarse en 2011, aunque advierte de que habrá que esperar a la redacción definitiva de la Ley de Presupuestos para comprobar los parámetros legales a los que deben ajustarse las nuevas operaciones.

Patricia Crespo Ortega