Los ex trabajadores de Sintel se concentran en la Audiencia antes de la vista

Madrid, 14 jun.- Decenas de los antiguos trabajadores de Sintel -filial de Telefónica- se han concentrado hoy a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) donde va a comenzar la vista por la quiebra de la firma.

La acusación, integrada por 1.742 ex trabajadores de Sintel, acusa a ocho de los antiguos directivos de la compañía de haber cometido delito societario, de insolvencia punible y contra la Hacienda Pública al descapitalizar de manera "consciente" la firma y llevarla a la quiebra.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de prisión de entre dos años y seis meses y cinco años y seis meses para los ocho acusados, además de una fianza de 300 millones de euros para resarcir a trabajadores y acreedores.

Según la defensa de los trabajadores, de esa fianza algo más de 100 millones de euros correspondería a los antiguos empleados para compensar "el daño que han causado" desde la quiebra de la compañía hace once años.

El presidente de la asociación de ex trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, ha calificado el caso de "crimen laboral" y ha exigido "justicia" aunque esta "llegue tarde", ya que los antiguos empleados de la empresa de telecomunicaciones nunca recibieron ni su indemnización ni recuperaron sus fondos de pensiones.

Así, otro de los miembros de esta asociación, Valeriano Aragonés, ha señalado que uno de los objetivos que se persiguen en esta vista es "embargar los bienes de los acusados" para resarcir a los trabajadores.

La vista oral que se celebra hoy está dedicada a resolver algunas cuestiones previas, antes de que comience el juicio propiamente dicho, entre ellas establecer la responsabilidad civil y el calendario del procedimiento judicial.

Sintel fue vendida en abril de 1996 a la empresa MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa, a través de su filial MasTec International, que gestionó la compañía hasta su quiebra en 2001.

Ese año, algunos de estos empleados estuvieron acampados durante más de seis meses en el llamado "Campamento de la Esperanza", ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, para reclamar el pago de sus nóminas y que se levantó después de que aceptaran una solución propuesta por el Gobierno que incluía un crédito para pagar parte de los salarios que la empresa debía a los empleados.

De los ocho acusados, cuatro son españoles: Ricardo Campos, ex consejero y vicepresidente de Sintel; Juan Antonio Casanova, ex consejero delegado de la misma; Alfredo Flórez, exconsejero y ex apoderado de Sintel y Pedro José Novela, ex director financiero de la ya extinta empresa de montaje de sistemas de telefonía.

En el procedimiento, están acusados además Joel Tomas, ex consejero de Sintel y de MasTec International, y José Miguel Sariego, ex vicepresidente de MasTec Incorporated.

Además, están acusados también Jorge Mas Santos, quien fuera presidente de MasTec Incorporated y expresidente de Sintel y su hermano Juan Carlos Mas Santos, exconsejero de MasTec International y de Sintel. Ambos son hijos del fallecido empresario cubano exiliado en Estados Unidos, Jorge Mas Canosa.