Los extranjeros que inviertan 500.000 euros en inmuebles no tendrán permiso de trabajo ni prestación sanitaria

Los extranjeros no comunitarios que inviertan en España 500.000 euros o más en inmuebles obtendrán el visado de residencia pero no el permiso de trabajo ni el derecho a prestaciones sociales.

Así lo indicaron fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad en un encuentro con periodistas en el que aclararon este aspecto que se recoge en la ley de Emprendedores en la que trabaja el Gobierno.
Se trata, primero de la concesión del permiso de inversor por un año para que una vez realizada la inversión en uno o varios bienes inmueble por dicho importe, después se otorga el permiso de residencia por dos años, prorrogable cada dos años “siempre” que se mantenga en propiedad la inversión.
Para realizar esta inversión, el dinero no puede ser un préstamo concedido en España, aclararon desde Economía, sino que el inversor “se tiene que traer de fuera” el montante.
Desde el Departamento que dirige Luis Guindos destacaron que con esta modificación incluida en la ley de Emprendedores, España se iguala a la normativa que mantienen otros países europeos. De hecho, en Portugal está “funcionando francamente bien”, destacaron las fuentes consultadas.
Con el permiso otorgado, el extranjero inversor no tiene permiso de trabajo, ni derecho a la prestación de la sanidad pública ni a la escolarización. Lo “único” a lo que le da derecho, recalcaron, es a no tener que salir de España cada 90 días y renovar el visado.
En el proyecto de la ley de Emprendedores también se recogen medidas para el comercio minorista que pasan por ampliar el umbral de 300 a 500 metros cuadrados la supresión de licencia previa para iniciar unas actividades así como el aumento de nuevas actividades de comercio y servicio que se podrán acoger a la llamada “licencia exprés”.
Con el objetivo de facilitar la apertura de comercios se han sumado 43 nuevas actividades que podrán iniciar el negocio con la “licencia exprés” aunque siguen excluyéndose las de patrimonio histórico-artísticos, las de dominio público o aquellas que exijan autorizaciones previas como las farmacias.
Se trata de una ampliación de la normativa aprobada en mayo del año pasado y que, según datos ministerial, ha permitido que desde el 27 de mayo al 31 de diciembre hasta 2012, se dieron de alta 6.955 actividades comerciales más que en el mismo periodo del año anterior.
Para favorecer la internacionalización, la ley de emprendedores crea las cédulas y bonos de internacionalización” para combatir los “problemas de financiación” existentes que, aunque se han mejorado, la financiación en España “todavía es escasa y cara”; así como el impulso de la “ventanilla única” del ICEX; y la elaboración del Plan Estratégico de Internacionalización con objetivos que se revisarán cada dos años.