Los sindicatos alertan de que los EREs de la Administración no se podrá negociar

  • CC.OO. y UGT han remitido al Ministerio de Empleo sus observaciones sobre el proyecto de Real Decreto sobre el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada, entre las que alertan de que los EREs en la Administración no podrán negociarse como ocurre en el sector privado y serán "inevitables".

CC.OO. y UGT alertan de que el despido colectivo en las AA.PP. no se podrá negociar
CC.OO. y UGT alertan de que el despido colectivo en las AA.PP. no se podrá negociar

CC.OO. y UGT han remitido al Ministerio de Empleo sus observaciones sobre el proyecto de Real Decreto sobre el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada, entre las que alertan de que los EREs en la Administración no podrán negociarse como ocurre en el sector privado y serán "inevitables".

Según han argumentado los secretarios de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, al Director General de Empleo, Xavier Thibault, el documento incorpora la "peligrosa novedad" del procedimiento concreto y específico para el despido colectivo del personal laboral del sector público.

Esta precisión, no sólo "consagra, normativa y definitivamente, el posible despidos colectivo" y "puede contribuir a convertir a partir de ahora en algo habitual una cuestión excepcional y puntual", según los sindicatos, sino que además presenta "un alto grado de determinismo en cuanto al objeto de procedimiento a seguir".

"Es decir, que una vez la Administración de turno opte por aplicar un despido colectivo, su aprobación va a resultar prácticamente inevitable y, además, en los términos planteados inicialmente", aseguran.

CC.OO. y UGT ahonda en esta advertencia al señalar también, mientras que lo regulado en el borrador para el sector privado deja la puerta abierta a una posible negociación entre las partes, en el sector público "se establece una presunción de que, como quien despide es una administración pública, el despido es inevitable, no hay más remedio y las razones que apuntan gozan de una presunción de veracidad".

Por ello, los sindicatos consideran que este reglamento dora a las administraciones empleadoras de una "capacidad exorbitante" y "vulnera el derecho de negociación colectiva garantizado por la Constitución y los Convenios Internacionales ratificados por España.

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