Los sindicatos responden con la mayor tibieza posible a un duro ajuste laboral

  • Los sindicatos han agachado orejas frente el decretazo y, salvo sorpresa, hoy retrasarán hasta septiembre y octubre la anunciada huelga general. Una muestra de debilidad que permitirá a las empresas empezar a despedir con dinero del Fogasa y más barato sin tener ninguna respuesta de los trabajadores enfrente.
E. Utrera

Los sindicatos han contestado con un ataque de tibieza al contenido de la reforma laboral que el Gobierno aprobará el miércoles. Habrá huelga general, pero tras el fracaso del paro que los funcionarios realizaron hace justo una semana, puede ser de lo más light. Incluso podría coincidir, el 29 de septiembre, con la movilización general en toda Europa.

Hoy se conocerá la fecha definitiva de la huelga. Los sindicatos mayoritarios han decidido dar un paso hacia delante ante la dureza del texto de 41 páginas que verá la luz verde del Gobierno el viernes.

Pero lo hace con cierta tibieza y el miedo en el cuerpo después del pobre seguimiento del paro realizado por los funcionarios el pasado día 8. De hecho, los sindicatos aseguran que, legalmente, daría tiempo a celebrar la huelga general este mes de junio pero matizan que estos procesos exigen más detalle.

Incluso, la fecha de la huelga general podría coincidir con la de la convocatoria de la movilización general organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) el próximo 29 de septiembre.

Elegir esta fecha restaría trascendencia a la convocatoria en España, diluiría su impacto al no tratarse de un acto aislado y permitiría a los sindicatos medir su poder de convocatoria sólo en relación con las cifras que consigan sus colegas europeos.

Lo que sí es seguro es que no habrá huelga general hasta la vuelta del verano. Por lo tanto, cuando se convoque la movilización el decreto que el miércoles aprueba el Gobierno ya habrá estado operativo tres meses o más.

Es decir, que medidas que los sindicatos consideran inconstitucionales, como que Fogasa pague una parte de las indemnizaciones por despido, se aplicarán sin que los representantes de los trabajadores tengan ni voz ni voto en el proceso.

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