Los transportistas protestan por no poder circular por un tramo de la N-II

  • La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (fenadismer) y sus organizaciones territoriales catalanas han acordado llevar a cabo una campaña de protesta contra la resolución de la Generalitat de Cataluña de prohibir la circulación de los camiones en casi 90 km de la N-II.

Madrid, 16 abr.- La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (fenadismer) y sus organizaciones territoriales catalanas han acordado llevar a cabo una campaña de protesta contra la resolución de la Generalitat de Cataluña de prohibir la circulación de los camiones en casi 90 km de la N-II.

Fenadismer, junto a la Asociación General de Transportistas de Cataluña (AGTC) y la Asociación de Transportistas Agrupados Condal (ASTAC) facilitarán a los más de 3.000 transportistas afectados que diariamente discurren por dicha vía un Cartel Reivindicativo, para que lleven instalado en la parte exterior de sus vehículos.

Bajo el lema "Los transportistas ya pagamos demasiados impuestos. Paso libre N-II (Girona) o peaje gratuito AP-7 no queremos, ni podemos pagar más peajes", los transportistas mostrarán su rechazo a la resolución acordada por el Servicio Catalán de Tráfico la semana pasada, ha indicado hoy la patronal en un comunicado.

La misma impedirá circular a los camiones de cuatro ejes o más en el tramo de la N-II que va de Vidreres a La Jonquera, en Girona, como medida extraordinaria y temporal ante la alta siniestralidad de esta vía, según anunció a Efe el director del Servicio Catalán de Tráfico, Joan Josep Isern.

Según añade Fenadismer, esta situación obliga a los transportistas a pagar un suplemento de 40 adicionales por cada trayecto de ida y vuelta y supone unos ingresos adicionales para la concesionaria de la autopista Abertis de más de 12 millones de euros anuales.

Por ello, la federación tiene previsto llevar a cabo diferentes protestas en colaboración con sus asociaciones territoriales catalanas, para mostrar su "más absoluto rechazo" a la medida aprobada por la Generalitat, que califican de "ilegal, injusta y desproporcionada".

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