Valladolid, 28 feb.- Las Cortes de Castilla y León han dado hoy, con el apoyo mayoritario del PP y la oposición del resto de grupos, la luz verde definitiva a la Ley que supondrá el cobro del 'céntimo sanitario' y un aumento "temporal" de la jornada laboral de los funcionarios, que cesará cuando el PIB regional crezca al 2,5%.
En el caso del 'céntimo sanitario', las gasolineras de la Comunidad comenzarán a cobrarlo el próximo jueves, 1 de marzo, con un recargo de 4,8 céntimos por litro que ingresará la Administración autonómica, aunque su aplicación supondrá para el bolsillo de los ciudadanos 5,66 céntimos por litro, al aplicarse el IVA correspondiente.
La única modificación que se ha introducido en la tramitación parlamentaria de la ley ha sido que los transportistas profesionales podrán deducirse la mitad de este importe, con lo que en la práctica pagarán 2,4 céntimos por litro en concepto de este impuesto dedicado en exclusiva a financiar la sanidad.
Esta medida ha sido unánimemente contestada por la oposición política, por los sindicatos y por la patronal Cecale, así como las asociaciones sectoriales involucradas en el transporte, que consideran que el cobro de este tributo puede suponer la pérdida de negocio, la desaparición de empleos y una merma en la recaudación para la Administración.
En el caso de las medidas que reforman la jornada laboral de los funcionarios, que pasarán a trabajar 37,5 horas semanales en lugar de las 35 actuales, el pleno de las Cortes celebrado hoy ha servido para llevar a la ley los acuerdos alcanzados en los últimos días por la Junta y los sindicatos representados en la Mesa de Función Pública, excepto UGT, que hoy ha expresado su protesta a las puertas de las Cortes al considerar que la medida destruirá empleo.
El procedimiento utilizado ha sido aprovechar una enmienda del procurador leonesista Alejandro Valderas que hablaba del marco temporal de la aplicación de la ley para incluir en ella todos los acuerdos alcanzados por la Junta y los sindicatos.
En la práctica y como puntos más destacados, se ha dado cuerpo de ley a que las medidas tengan un carácter temporal, vinculado a que el crecimiento económico esté en el 2,5 por ciento, -aunque sin aludir al 31 de diciembre de 2013 pactado en la Mesa de Función Pública-.
En el mismo sentido, se ha introducido en la ley el acuerdo al que la Consejería llegó ayer con el Sindicato Médico para desconovocar las huelgas previstas y que establece que la organización de las 2,5 horas semanales por trabajador corresponderá a cada centro de trabajo, en lugar de que sea la Consejería de Sanidad la que lo fije, que era lo previsto inicialmente.
El portavoz de Hacienda del grupo parlamentario socialista, José Francisco Martín, ha lamentado ese "parche", la "enésima chapuza" en este proyecto de ley, y se ha manifestado en contra de que "los acuerdos de última hora y de tapadillo" se introduzcan de esta manera, cuando el proceso debe ser el contrario.
El protagonista improvisado de la sesión, el leonesista Valderas ha lamentado el error de método que le ha llevado a tener que recoger en su enmienda la transaccional del PP, debido a que era la única "que hablaba sobre la temporalidad" de la aplicación de las medidas, mientras que el representante del PP Salvador Cruz ha sostenido que la transaccional era la "fórmula más práctica" para poder sacar adelante los acuerdos alcanzados.
Antes del debate parlamentario, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha defendido que la Ley de Medidas es una "suma importante de sacrificios, renuncias y solidaridad" para superar la crisis "de la mejor forma y en el menor tiempo posible", con el diálogo social como seña de identidad.
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