Más de 350 consejeros buscan salvar su silla en las fusiones de cajas

Los intereses que se ocultan detrás del complejo proceso de fusión de las cajas de ahorros llegan hasta lo más alto de estas entidades: su consejos de administración. Sólo con los nueve procesos en marcha -los dos catalanes, CCM-Cajastur, Banca Cívica, Caja Duero-Caja España, Unicaja-CajaSur, Canarias-Rioja-CAI, gallegas y CajaSol-Guadalajara- se ha puesto en juego la supervivencia de 351 altos cargos, y eso sin incluir las posibles adhesiones de otras entidades que han mostrado su interés por sumarse a estos matrimonios, como Segovia y Ávila en Banca Cívica.

Los encajes de bolillos que están intentando hacer todas las partes implicadas para mantener su máxima cuota de poder alcanza también a los consejeros, que están ahí en representación de intereses políticos, en gran parte.

Estos cruces de intereses explican la lucha que está habiendo por mantener el sillón y, en consecuencia, el elevado tamaño de los futuros consejos, que superan, con mucho, los límites propuestos por los códigos de buen gobierno.

Frente a los 15 representantes que, aproximadamente, deben tener estos órganos, la suma de Caixa Catalunya, Manressa y Tarragona ha anunciado ya que contará con 21 consejeros, de los cuales, 10 serán nombrados por diferentes diputaciones y corporaciones locales.

Aunque esta cifra supere los límites de los estándares de buena gobernanza, también es cierto que supondrá cercenar a casi una tercera parte los 54 consejeros que suman actualmente los máximos órganos de administración de las tres cajas.

Además, el nacimiento de la nueva entidad exigirá el recorte de 1.300 puestos de trabajo (de los casi 9.000 empleos que tienen en total las tres cajas), el cierre de 395 sucursales y recibir de FROB 1.250 millones de euros.

Las otra fusión de cajas catalanas, Unnim -Sadabell, Manlleua y Terrassa- ha optado por reducir los 34 sillones de consejero que suman actualmente en dos fases. Una primera, en la que se recortará hasta 24 miembros el tamaño del máximo órgano de administración para, en el plazo de dos años, rebajarlo a 16 representantes.

Más rápida va a ser la salida de 530 empleados, mediantes prejubilaciones, fundamentalmente, y el cierre de unas 150 oficinas. Además, la nueva entidad solicitará al FROB 380 millones para llevar a cabo todo el proceso de reestructuración.

La tercera fusión que ya ha sido autorizada por el Banco de España, la protagonizada por Caja Duero y Caja España, con la inyección de 525 millones de euros, todavía no ha desvelado cuál será el destino de sus 34 consejeros, que deberían quedar reducidos a menos de la mitad para cumplir con los criterios de buen gobierno.

Un problema similar al que deberán afrontar los matrimonios de Caixa Galicia con Caixanova y Unicaja con CajaSur, ya que cada una de estas fusiones suma 40 consejeros, mientras que la unión de CCM con Cajastur pone en jaque 45 sillones. Menos numerosa es la suma de los consejeros de CajaSol y Guadalajara, que asciende a 27 sillones.

La otra cara, las SIP

Otra situación muy diferente es la que están viviendo las denominadas fusiones vituales o SIP, que permiten a cada entidad mantener su identidad, y por tanto, sus órganos de gobierno, aunque crean una entidad conjunta. La máxima expresión, por el momento, de esta fórmula es Banca Cívica, formada por Caja Navarra, Caja Burgos y Caja Canarias.

Entre las tres suman 64 consejeros, de los cuales, casi la mitad, 30 sillones, corresponden a Caja Navarra, entidad resultante de la fusión, hace diez años, de Caja Navarra y Caja Pamplona. Este tipo de fusiones frías, en principio, también facilitaría mantener el empleo, aunque algunas estimaciones apuntan a que Banca Cívica conllevará un recorte de entre el 8% y el 10% de la plantilla (350-450 personas) en el medio plazo.

La otra SIP en marcha es la protegonizada por Caja Inmaculada, Insular de Canarias y Rioja, cuyos consejos de administración suman 47 sillones.